«Es intolerable que en esta ciudad» de Barcelona «se esté» permitiendo «ejecuciones hipotecarias, echando de su casas a familias sin que intervenga la administración» -Ayuntamiento de Barcelona- Por lo que la formación de Ada Colau (Barcelona En Comú) piensa personalizarse «en estos casos judiciales» como Ayuntamiento de Barcelona «y evitar que aquellos piso acaben en manos de los promotores». -asegura- «Es intolerable que una ciudad» de un país democrático «no solamente se están echando a familias sino que, finalmente, la deuda» que los bancos no perdonan a «las familias, se les» el Estado la «acaba perdonando a las grandes empresas». -puntualiza- «Y que al final, los que hacen negocio con todos eso, son los promotores y fondos buitres que se quedan con los pisos» de familias que duerman en las calles «a precio de saldo». Así lo ha manifestado la líder de Barcelona en Común este sábado y ha prometido, entre otras cuestiones, que destinará 8.000 nuevas viviendas en alquiler social en los próximos 4 años cuando sea alcaldesa de Barcelona.
«Queremos que cumplan la ley», ha destacado Colau desde la Plaza de la Modernidad, en el barrio de Sant Andreu. La líder de BComú ha referido a bancos, grandes constructoras y fondos buitres, que tienen la propiedad de «miles» de pisos vacíos en la ciudad. Aunque la moción impulsada por la PAH y aprobada hace unos meses por el Ayuntamiento -que reclama imponer sanciones- y las multas previstas en la ley de vivienda, Colau ha lamentado que la «cobardía» del gobierno municipal ha impedido empezar a sancionar estos grandes propietarios.
Más de 30.000 familias están en lista de espera para acceder a un piso de alquiler social. Una situación «inaceptable», exclamó Colau ante la setenta personas que han asistido al mitin. De hecho, el objetivo a 20 años vista es, tal y como marca la ley de vivienda, conseguir que el parque de viviendas destinado al alquiler social llegue al 15% del total, unos 75.000 viviendas. A corto plazo, sin embargo, pretenden llegar a los 18.000 en 4 años, lo que representaría prácticamente el doble de los que hay actualmente. El alquiler social significa que las familias no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Se destinarían 8.000 nuevas viviendas en alquiler social durante el próximo mandato, ya sea a partir de la construcción de 4.000 pisos, principalmente en los 28 solares que tiene vacíos del Ayuntamiento, o con la incorporación de 4.000 pisos actualmente vacíos de la ciudad. Para poder llegar a este segundo grupo, BComú quiere hacer un «censo» de los pisos vacíos de la ciudad. Si son propiedad de entidades financieras, grandes constructoras o fondos buitre, se les instaría a poner las viviendas en régimen de alquiler social, tal como marca la ley y, si no lo aceptan, se les sancionaría. Si, en cambio, se trata de pequeños propietarios, se les plantearán «incentivos» para «abrir» el piso al alquiler social.
Colau ha explicado que también se podrían conseguir pisos a partir del «derecho de tanteo y retracto» que debería ejercer el Ayuntamiento siempre que pudiera. En caso de ejecución hipotecaria, muy a menudo los pisos acaban subastando y son «fondos buitre» los que asumen la propiedad «a precio de saldo». El alcaldable de BComú ha reclamado que sea el Ayuntamiento el que se persone en todos los procesos judiciales de ejecución hipotecaria para asumir la propiedad de estas viviendas y destinarlos al alquiler social. Otro método sería actuar contra los apartamentos turísticos «ilegales», a los que se plantearía la opción de ahorrarse la multa a cambio de destinar su piso en alquiler social.
Durante el tiempo de coloquio que BComú siempre abre al final de los actos de barrio, Colau ha respondido varias preguntas con respecto a los pisos patera, un «problema importante» en Sant Andreu según una vecina y también sobre los derechos de las familias que «ocupan ilegalmente» una vivienda. La candidata a alcaldesa ha explicado que estas dos situaciones son problemas causados por la «inacción» del Ayuntamiento, que no ha ejercido su capacidad de impulso para resolver los problemas vinculados con la vivienda. Colau ha explicado que tanto en un caso como en el otro no se puede dejar a los vecinos en la calle y que, por tanto, debe ser la administración la que los busque una alternativa para regularizar la situación.
<redacción- lasvocesdelpueblo y acn>
