Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Ministerio Público confirma los delitos de: «rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación» y rechaza solo el de «malversación» de fondos públicos. Asimismo considera que el expresidente catalán Cales Puigdemont es un rebelde, sedicioso y golpista. Por lo que el Ministerio Público del Reino de Bélgica ha exigido al jue la ejecución de todas las Órdenes de detención y entrega de los delincuentes separatistas Puigdemont y sus 4 exconsejeros de gobierno a la Justicia Española (Audiencia Nacional) donde la magistrada Carmen Lamela abrió una causa contra ellos después de una querella d ela Fiscalía General del Estado español, tras la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña (DUI) del pasado viernes 26 de octubre de 2017 en la cámara regional catalana. Bruselas (Reino de Bélgica), viernes 17 de noviembre de 2017. Fotografía: BRUSELAS (REINO DE BËLGICA), 17.11.2017. La portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Ine Van Wymeersch, da lectura a un comunicado sobre la vista del golpista expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, en el Palacio de Justicia (Palais de Justice) en donde se celebró la comparecencia de Carles Puigdemont y los 4 ex-Consellers. La Fiscalía de Bruselas ha pedido hoy al juez belga, según declaró la defensa, la ejecución de las euroórdenes emitidas por España contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. El juez de primera instancia que examina el caso ha citado nuevamente a los acusados para que hagan sus alegaciones el próximo 4 de diciembre, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, apuntó el entorno de Puigdemont. Efe.
La Fiscalía de Bruselas ha pedido hoy ejecutar la entrega del expresidente catalán que se fugó a Bélgica después del golpe de estado separatista de su gobierno y de Juntos Por El Sí del 26 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros al apreciar los cargos alegados por España, a excepción del de prevaricación, mientras que el juez ha fijado una nueva audiencia para el 4 de diciembre.
El juez belga de primera instancia que examina el caso ha citado nuevamente a las partes para que hagan sus alegatos en esa fecha, momento a partir del cual se espera una decisión entre ocho y diez días después, según el entorno del expresidente de la Generalidad de Cataluña.
El Ministerio público, que ha revelado su estrategia en la vista de hoy a puerta cerrada a la que los antiguos miembros del Gobierno catalán habían sido citados a declarar, ha pedido la ejecución de los mandatos de entrega a España pero no por el cargo de prevaricación.
«El fiscal ha pedido la ejecución de las órdenes de arresto salvo por un hecho, que es el de prevaricación, tal y como está formulado en el mandato de arresto español», ha informado en una escueta declaración a la prensa uno de los abogados, Christophe Marchand.
«Por lo demás, cree que la calificación penal en el Derecho belga es la conspiración y la malversación por parte de funcionarios públicos», ha agregado.
Marchand, quien ha calificado la audiencia con el fiscal de «serena», ha indicado que los defensores de los acusados intercambiarán sus «argumentos escritos».
Otro de los abogados, el español Jaume Alonso Cuevillas, ha explicado que en la sesión de hoy empezó tomando la palabra el fiscal, «recordando que el principio general es el cumplimiento de las órdenes europeas de entrega y no su denegación».
Según ha dicho, la Fiscalía «descarta que exista corrupción» y «quiere examinar si los hechos descritos en el mandamiento podrían ser constitutivos de algún delito conforme al código belga» y, en particular, el delito de conspiración de funcionarios.
«Se ha decidido darnos un plazo para formular alegaciones por escrito», ha comentado, y ha afirmado que el 4 de diciembre se producirá «la vista que teníamos que tener hoy».
Alonso Cuevillas ha asegurado que el tribunal «podría decidir ese día o tomarse unos días para decidirlo motivadamente».
Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están inculpados por rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de fondos públicos.
La Fiscalía, por su parte, ha celebrado una rueda de prensa en la que se ha limitado a leer un comunicado en cuatro lenguas en el que deja claro que no emitirá ninguna comunicación hasta después de la audiencia del 4 de diciembre.
Argumenta que esa audiencia debe tener lugar a puerta cerrada según la ley belga, y que no hará comentarios para no interferir en el «desarrollo sereno de los debates» ni «hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente».
«La Fiscalía no dará ninguna explicación, ni comentario, sobre el punto de vista de las partes o del desarrollo concreto de la audiencia», apunta.
Una portavoz del Ministerio público ha insistido en que no van a comentar ni su posición ni lo que han dicho los abogados.
A partir del 4 de diciembre, se espera una decisión del juez de instrucción sobre la extradición de Puigdemont y sus exconsejeros en un plazo de entre ocho y diez días, según fuentes cercanas al cesado Govern, que puede recurrirse ante el Tribunal de Apelación y la Corte de Casación.
Ambas instancias tienen plazos de dos semanas para pronunciarse al respecto.
