La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años y diez meses para los delincuentes ultras separatistas catalanes de Convergencia y Unión (CIU) del presidente de Gobierno regional de Cataluña, Artur Mas Gavarró, con multas millonarias de 10,3 millones de euros para el exconsejero de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña entre 1989-1997, el delincuente separatista Macià Alavedra Moner; 10,7 millones de euros para el ex-secretario general de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña entre los años 1980-1990, el delincuente separatista Lluís Prenafeta Garrusta; por los delitos de tráfico de influencia y blanqueamiento de capitales, -más de 45 millones de euros- en los paraísos fiscales de Las Islas Caiman, Andorra y Suiza, etc. en el llamado ‘Caso Pretoria’. Los ladrones, del partido del presidente Mas, robaban el dinero de los catalanes y del resto de los españoles en colaboración con sus aliados del Partido Socialista Obrero Español de Cataluña de Miguel Iceta, PSC, que pide «blindar la lengua catalana» para oprimir a los niños catalanes castellanohablantes y reconocer la «singularidad de Cataluña» por ley.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido casi siete años de prisión para el exconsejero de la Generalidad, el delincuente Macià Alavedra Moner; y el exsecretario de Presidencia, el delincuente Lluís Prenafeta Garrusta, por los delitos de tráfico de influencia y blanqueamiento de capital en el llamado ‘Caso Pretoria’. Después de que el juez de la Audiencia española, Pablo Ruz, haya cerrado la instrucción del ‘Caso Pretoria’ y los haya enviado a juicio, el ministerio público solicita también ocho años de prisión para el empresario del (PSC) que hacía de intermediario en las operaciones urbanísticas investigadas, el delincuente Luis Andrés García; y seis años y diez meses para el delincuente Bartomeu Muñoz, ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Además, pide multas millonarias para los cuatro y el decomiso de bienes y capitales.
El fiscal acusa a los 11 procesados por el juez Ruz los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Aparte de los cuatro principales implicados, también acusa al empresario Manuel Valera, el concejal de Urbanismo del PSC de Santa Coloma Manuel Dobarco, el empresario Josep Singla, el empresario Manuel Carrillo, Gloria Torres, amiga de Alavedra, Philip McMahan Bolich, testaferro del ex consejero, y María Luisa Mas Crussell, esposa de Prenafeta. La esposa de Alavedra, Doris Malfeito, también estaba procesada pero murió hace un tiempo.
Como hacía el juez Ruz, el fiscal apunta que entre los años 2000 y 2009, cuando estalló el caso y se produjeron los registros y detenciones, se estableció una red para intermediar o influir en adjudicaciones públicas en Santa Coloma de Gramenet, Badalona (Barcelona) y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). En concreto, detalla la operación Cúbicos en Santa Coloma, Niesma en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona en la ciudad que lleva el mismo nombre. En todas habría participado el ex diputado del PSC en el Parlamento y hombre de confianza de Muñoz Luis Andrés García Sáez, conocido como ‘Luigi’.
La mecánica seguida era conseguir las adjudicaciones de terrenos y posteriormente cambiar el adjudicatario, conseguir la recalificación de los terrenos y venderlos a un precio superior. A cambio, los procesados recibían comisiones que posteriormente ocultaban tanto en cuanto a su titularidad como el origen supuestamente delictivo de las ganancias patrimoniales. Después los desvincula del origen a través de ‘complejos entramados societarios y financieros’.
En la operación Cúbicos o Pallaresa, en 2001 se adjudicó la construcción de un complejo residencial, hotelero y comercial a Proinosa, administrada por Josep Singla, por 11,2 millones. Posteriormente se mejoraron las condiciones para el adjudicatario sin cambiar el concurso, aumentando la edificabilidad. ‘Luigi’ consiguió que no se presentara ningún otro licitador al concurso. Además, él, Dobarco y Muñoz convencieron al arquitecto municipal, Luis Falcón, arquitecto municipal imputado inicialmente, para que informara favorablemente de la propuesta de Proinosa, aunque el fiscal cree que no era consciente de los intereses de los demás implicados. A pesar de que la propuesta no cumplía todos los requisitos técnicos exigidos, y por tanto el concurso debería haber quedado desierto, ganó.
Después de una sospechosa compra-venta de acciones de la sociedad adjudicataria, ‘Luigi‘ y Singla solicitaron al Ayuntamiento un aumento de la superficie residencial sin tener que pagar más. Para ello, presionaron, según el fiscal, el secretario y los técnicos municipales para que informaran favorablemente. En 2004 el pleno municipal aprobó la modificación, lo que supone una ilegalidad porque los cambios no estaban justificados desde el punto de vista del interés público y sólo beneficiaban el promotor privado. En 2009 se produjo una situación similar.
Para estas operaciones, ‘Luigi’ obtuvo 1,5 millones de euros de beneficios en la venta de acciones y 605.000 euros de comisión, que cobró en cuentas en Suiza. Bartomeu Muñoz cobró un millón de euros de una empresa de ‘Luigi’, más un ático en Barcelona valorado en 600.000 euros, y el pago de gastos domésticos. En total recibió 1,7 millones.
La operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres implicó ‘Luigi’, Manuel Valera, empresario cercano a él, Prenafeta y Alavedra. En 2003 la empresa Niesma, de ‘Luigi’, compró una finca en la zona de Can Riviere por 3,2 millones y meses más tarde una segunda finca por 2,2 millones. Según el fiscal, para hacer las compras utilizó fondos obtenidos con la operación Pallaresa, y logró firmar un convenio con el Ayuntamiento para mejorar la edificabilidad. También influyó para el nuevo proyecto fuera aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Generalidad gracias a un soborno de 244.000 euros a Ginés Carbón, coordinador del plan territorial de Barcelona, aunque este delito ya está prescrito. Una vez hecho, ‘Luigi’ obtuvo 761.000 euros de beneficio en la venta de las fincas. Posteriormente el intermediario consiguió que los nuevos compradores no tuvieran que pagar 1,3 millones al Ayuntamiento para cubrir el arroyo.
En la llamada operación Badalona intervinieron los mismos cuatro procesados. Consiguieron que sólo una promotora participara en el concurso de adjudicación del Puerto de Badalona y gracias a gestiones y compra-venta de empresas, ‘Luigi’ obtuvo más de dos millones, mientras que Prenafeta y Alavedra recibieron unos 900.000 euros entre los dos. Por otra parte, el fiscal también pone en duda la adjudicación del contrato de limpieza municipal de Santa Coloma.
El fiscal considera que las ganancias ilícitos de estas operaciones llegaron a ser de 6.080.405 euros en el caso de delincuentes ultraseparatistas de CIU, Macià Alavedra, y 14.984.865 euros en el de Lluís Prenafeta. Ambos habrían ocultado ese dinero a Hacienda pesar que presentaron declaraciones complementarias del IRPF tras el inicio de la investigación penal. Las ganancias de Luis Andrés García ascienden a 5.886.925 euros y los del ex alcalde Bartolomé Muñoz 1.728.064 euros.
Según el fiscal, Alavedra y Prenafeta, junto con sus mujeres, ocultaron el dinero en sociedades de las Islas Caimán y Andorra (en el caso de Alavedra) y Andorra y Suiza (en el caso de Prenafeta). La investigación se ha extendido también a Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y Alemania.
Por todo ello, pide seis años y diez meses de cárcel para Bartomeu Muñoz por dos delitos de cohecho, más 4,1 millones de euros de multa y el decomiso del ático de Barcelona. Para Alavedra pide seis años y diez meses de prisión por dos delitos de tráfico de influencias y uno de blanqueamiento de capitales, así como 10 millones de euros de multa y 3,2 millones de euros de decomiso. A Prenafeta, le pide los mismos años de prisión por los mismos delitos, pero casi 14 millones de euros de multa y 5,8 de decomiso de bienes y capitales. Finalmente, en ‘Luigi’ le pide ocho años de prisión, 11 millones de multa y 5,8 de decomiso por tres delito de tráfico de influencias y uno de blanqueamiento de capitales.
<Redacción – Lasvocesdelpueblo y Agencias>
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