Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), sábado 5 de febrero de 2022. Choque de realismo en el Parlamento de Cataluña. El debate sobre los límites de la desobediencia institucional protagonizó la semana. ERC, JxCat y CUP redactaron un nuevo dictamen de desobediencia que defendía el escaño del delincuente diputado de CUP y Secretario Tercero d ela Mesa de la cámara catalana, Pau Juvillà Ballester, y que admitía que el extremo de la «desobediencia pasa por preservar a los funcionarios».
La presidente de la cámara, Laura Borràs Castanyer (JxCat), rechazó la delegación de voto del delincuente Juvillà -en el Pleno que ratificó el dictamen de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC)- alegando «conflicto de intereses».
Hace sólo un año, ERC, JxCat y CUP defendían en los programas electorales de las elecciones catalanas del domingo 14 de febrero de 2021 (14F) aplicar la «desobediencia institucional y llevar a cabo acciones contra la Justicia española». Sin embargo, estos compromisos no se han producido y no han podido salvar el escaño del delincuente Juvillà.
ERC decía que no renunciaba a la desobediencia si era necesaria
ERC, el Grupo Parlamentario separatista mayoritario en la cámara catalana, sólo incluía una frase en su programa electoral que hiciera referencia a la «desobediencia».
Los del golpista indultado parcialmente Oriol Junqueras Vies y la huida golpista Marta Rovira Vergés —presidente y secretaria general de ERC, respectivamente— con el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès como candidato a la Presidencia de Cataluña, afirmaban que «no renuncian a la desobediencia civil ya la unilateralidad si una mayoría democrática así lo avala«.
ERC hace referencia al «camino hacia la independencia», sin entrar a detallar nada sobre la acción parlamentaria. En cambio, ERC sí aportó concreciones sobre la «soberanía del Parlamento de Cataluña» en los acuerdos de investidura firmados con JxCat -por un lado- y con CUP -por otro. Sin embargo, no se habla en ninguna parte de «desobediencia».
El texto acordado con JxCat -socios de Gobierno separatista que preside Pere Aragonés García- incluye el entendimiento para «impulsar una agenda legislativa y de acción ambiciosa para construir espacios de si trabajar conjuntamente en el marco de las luchas compartidas».
El documento también detalla que ERC y JxCat se comprometen a «coordinar la estrategia antirrepresiva y sentar las bases de una litigación estratégica en el marco de la causa general contra el separatismo», en referencia a los Juicios del Procés.
En cuanto al acuerdo de investidura entre ERC y CUP, el texto subraya que ambos partidos se comprometen para que la Mesa del Parlamento de Cataluña «garantice los derechos materiales, civiles y políticos».
«Es hora de avanzar en éstos e ir más allá de los elementos meramente simbólicos. En este sentido, los parlamentarios y parlamentarias de ambas formaciones se comprometen a garantizar estos derechos a pesar de las consecuencias que puedan suponer», añade el documento.
JxCat de Puigdemont iba más allá en la defensa de la desobediencia
JxCat del golpista huido de la Justicia, Carles Puigdemont Casamajò, con la actual presidente del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs Castanyer, como candidata a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña «efectiva» el 14F, también recoge la apuesta por la «desobediencia» en su programa electoral.
Concretamente, JxCat defiende en su programa electoral del 14F catalán de 2021 el «compromiso» de adoptar una actitud «firme, activa y vigilante y, en su caso, de resistencia y desobediencia institucional, para contrarrestar cualquier menoscabo o intromisión del Reino de España en relación con las instituciones del país o el autogobierno».
De hecho, el partido de Puigdemont iba mucho más allá, y ante un «posible choque con órganos administrativos» -como la JEC- o judiciales, JxCat se comprometía explícitamente a «no aceptar injerencias políticas, ni jurídicas, ni administrativas contra la soberanía del Parlamento de Cataluña».
Además, la formación del golpista Carles Puigdemont Casamajò añadía que este «compromiso» debía suponer «la asunción de riesgos y consecuencias de esta actitud de firmeza en un contexto de represión» del Reino de España.
Al margen del programa electoral, JxCat ha manifestado en múltiples ocasiones su «apuesta por la desobediencia».
De hecho, una de ellas fue, precisamente, cuando el expresidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent Ramió (ERC), hizo efectiva la retirada del escaño del delincuente expresidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla (Quim Torra, justo hace dos años. En ese caso, Torra dejó de ser considerar diputado después de que el Tribunal Supremo hubiera desestimado la petición de cautelares.
Desde JxCat fueron muy críticos con la decisión de Torrent (ERC). Miembros destacados del partido como la vicepresidenta y portavoz, Elsa Artadi Vila; el entonces vicepresidente de la Mesa, Josep Costa Rosselló; la diputada Aurora Madaula Giménez (JxCat), y la propia Borràs -ahora en una situación similar a la de Torrent-, le reprocharon al entonces presidente de la cámara que «aceptara el golpe de estado» de España contra el Parlamento de Cataluña.
JxCat hacía referencia así a un texto aprobado por el Parlamento de Cataluña que calificaba de «golpe de estado» las acciones de la JEC contra el escaño del delincuente Joaquim Torra Pla (Quim Torra), condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por incumplir una resolución de la JEC al mantener la simbología separatista en la fachada del Palacio de la Generalidad de Cataluña (edificio público) en campaña electoral, alegando defensa de la causa separatista (Procés) en su desobediencia.
CUP decía que era la más fuerte y trabajará por la «desobediencia al Poder Judicial de España»
CUP -los más extremistas entonces y en la actualidad igualados con JxCat- también recogía en su programa electoral diversas referencias a la «desobediencia». De hecho, CUP es la formación que más insiste en esa estrategia.
En una de ellas, los de cuperos afirman que es necesario «desarrollar una línea propia de trabajo» que sirva de «palanca para empujar a ERC y JxCat y hacer avanzar el Procés».
Acto seguido, CUP remarca que el papel desarrollado entre los golpes de estado separatista del 9-N de 2014 y el 1-O de 2017 debe «representar la chispa de un nuevo ciclo de confrontación democrática con el Reino de España, basado en la acción desde el municipalismo, en la actividad legislativa y la desobediencia en el Poder Judicial de España».
Según el documento con el que se presentó en el 14-F, CUP se «compromete» a «insertar los actos de desobediencia y las luchas populares dentro de un plan, y acompañar todo este proceso desde el frente institucional».
La formación separatista también señala la necesidad de una «actuación conjunta del Parlamento de Cataluña para hacer avanzar el Procés separatista, también a partir de soberanía y desobediencia institucional».
«Debemos asumir el conflicto como motor de cambio. Esto implica iniciativas colectivas de desobediencia civil y también institucional para poder sacar adelante medidas que supongan cambios materiales concretos», añade la CUP a su programa electoral.
La formación, que tenía la exalcaldesa de Badalona (Barcelona), Maria Dolors Sabater Puig (Dolors Sabater), como cabeza de cartel del 14-F, remarcaba que la «desobediencia a la ley injusta ha sido primordial en los últimos años para avanzar políticamente» y que, por tanto, «ahora hay que profundizar y dotarla de sentido estratégico».
CUP insistía en elaborar una «combinación simbiótica entre desobediencia institucional, lucha en la calle y poder popular», al tiempo que remarcaba que el separatismo debe liderar los «consensos sociales» también «a partir de planteamientos de desobediencia civil, institucional y organización popular».
El escaño del delincuente Pau Juvillà Ballester (CUP) y la decisión de la JEC han situado a los partidos separatistas ante el espejo.
El ‘Mandato de la Mayoría del 52 %’ queda definitivamente clasificado como un sueño imposible
Y, lo que han visto, es que de las promesas a los programas electorales sobre «desobediencia institucional», a los hechos llevados a cabo en el Parlamento de Cataluña hay mucha diferencia.
El mandato de la llamada desde el mundo separatista de «mayoría del 52%» -en referencia a la suma ERC, JxCat y CUP en las urnas del 14-F si hubiera sido un referéndum de independencia en Cataluña- volvió a quedar debilitado.
Ahora al separatismo, como siempre, le toca esperar la ayuda de su ‘Santo’ de siempre que son los Gobiernos que ocupan la Presidencia de España, tanto los del partido Popular (PP) de pablo Casado Blanco como los del partido Socialista Obrero Español (PSOE) del actual presidente del Reino de España Pedro Sánchez Pérez Castejón para seguir avanzando hacia su proyecto de destrucción de la unidad nacional de España.
Que el pueblo español tenga la absoluta tranquilidad que el PP y PSOE ayudarán al separatismo tarde o temprano.
Por eso, ese pueblo noble español debe estar atento, despierto y movilizado para que el Poder Judicial y restos de instituciones de nuestra patria se sienten arropados en sus decisiones, protegiendo España con el marco legal vigente.
