Lasvocesdelpueblo y Agencias.- El Gobierno separatista que ocupa la Generalidad de Cataluña ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declare la «imposibilidad legal» de cumplir la sentencia que impone un 25 % de castellano/español en las escuelas de todos los Centros Educativos en la Comunidad autónoma de Cataluña, ya que el Decreto Ley que prohibe el castellano/español en las aulas, que aprobó ayer, supone un «nuevo marco legal que impide» la «Ejecución Forzosa» de esta «sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –Sentencia 5201/2020-«.
El Gabinete Jurídico del Gobierno separatista de Pere Aragonés García (ERC) ha remitido un escrito ante el TSJC, al que ha tenido acceso Efe, en el que argumenta que su Decreto Ley que prohíbe el castellano/español en las aulas de toda Cataluña, aprobado ayer, lunes 30 de mayo de 2022, por el mismo Gobierno separatista, que no fija porcentajes para la enseñanza de unas lenguas oficiales en Cataluña en las que dicho Decreto Ley solo reconoce al «catalán y el aranés» como «lenguas vehiculares», es «incompatible» con la parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a garantizar que el uso del castellano/español no sea inferior al 25 % de las horas lectivas, después de comprobar la Justicia que hasta la fecha, el uso del castellano/español en la Comunidad autónoma de Cataluña era «residual», es decir, llegando hasta solo «un 2 %» en algunos centros educativos en Cataluña, según dice la sentencia 5201/2020 del TSJC.
En su informe, el Gobierno separatista de ERC y JxCat argumenta que «ni la Constitución España ni el Estatuto de Cataluña ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas» y remarca que para «asegurar la mayor efectividad» de la sentencia «lo que procede» es que «ordene a los Centros Educativos públicos y privados sostenidos con fondos públicos de Cataluña que elaboren o revisen sus Proyectos Lingüísticos para adaptarse al nuevo marco legal establecido por el Decreto Ley» que aprobó ayer el Gobierno separatista.
