Cataluña| El Gobierno separatista aprueba un Decreto Ley que rechaza el 25 % del castellano/español

.El Decreto Ley del Gobierno de coalición secesionista de JxCat y ERC, ahora apoyado en Podemos e Izquierda Unida (los Comunes), determina que el la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña «es el responsable de todos los proyectos lingüísticos que valida». La normativa que desafía la Ejecución forzosa de la sentencia firme del 25 % de clase en castellano/español que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña establece la «enseñanza de las lenguas a partir de la realidad sociolingüística del centro educativos y no de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes: (el 25 % de clase en castellano/español)»
.Desafiando al TSJC, el Ejecutivo separatista de Pere Aragonés García dice: «Los Centros Educativos elaborarán sus proyectos lingüísticos de acuerdo a las necesidades educativas ya la diversidad cultural y lingüística y la Consejería de Educación validará su adecuación a la norma»

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 06.05.2022. El presidente del Gobierno de coalición socialcomunista de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón (d) saluda al presidente de Gobierno de coalición separatista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García (i), a su llegada a la última jornada de la Reunión del Círculo de Economía (Cercle d'Economia) en medio de la polémica del espionaje al Procés por parte del Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España (CNI), que dirige Paz Esteban, quien mostró las autorizaciones judiciales para espiar a los golpistas del Procés ayer jueves en la Comiisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso de los Diputados. Efe

Redacción.- Barcelona (España), lunes 30 de mayo de 2022. El Ejecutivo hispanófobo separatista que ocupa la Generalidad de Cataluña ha aprobado este lunes un Decreto Ley por el que ERC, JxCat, Podemos, Izquierda Unida y PSC (PSOE) -en referencia al Acuerdo parlamentaria de estas formaciones socialseparatistas contra el uso del castellano/español- fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación y revisión de los proyectos lingüísticos de los Centros Educativos en la Comunidad autónoma de Cataluña, a fin de establecer la organización de la Enseñanza y uso de las lenguas en cada Centro Educativo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya dictado la Ejecución Forzosa de su sentencia firme (sentencia 5201/2020), avalada por el Tribunal Supremo, que obliga a todos los directores de los centros Educativos de Cataluña y a la Consejería de Educación, titular del hispanófobo militante de ERC, Josep González-Cambray, a garantizar y a hacer cumplir las 6 horas semanales (25 % de clase) en castellano/español, tras comprobar en dicha sentencia el uso «residual del castellano/español» en las aulas catalanas, tan solo «un 2 %» –subraya la sentencia– en algunos Centros Educativos.

Un Decreto Ley hispanófobo que establece que es el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña es quien «asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de todos los Centros Educativos» mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice claramente en su Ejecución Forzosa y sentencia firme que los Centros Educativos (los responsables de escuela pública) juntoa a la Consejería de Educación deben hacer cumplir su sentencia firme del 25 % de clase en español/castellano.

La normativa hispanófoba también estipula que la «enseñanza de las lenguas en los Centros Educativos debe llevarse a cabo a partir del análisis de la realidad cultural y lingüística de cada uno de los centros, y no de acuerdo con porcentajes» mientra el TSJC dicta que el 25 % de clase en español es una cuota mínima no negociable.

El nuevo Decreto Ley del régimen separatista determina que los «Centros Educativos Públicos y los Centros Educativos Privados, sostenidos con fondos públicos, deben elaborar, como parte del Proyecto Educativo, un Proyecto Lingüístico que enmarque el tratamiento de las lenguas en el centro». «Este Proyecto» -dice el Ejecutivo sectario de Aragonés- «debe incluir los aspectos relativos a la Enseñanza y el uso de las lenguas».

«La realidad heterogénea de los Centros Educativos del Sistema Educativo catalán debe tenerse en cuenta a la hora de fijar los criterios el tratamiento de las lenguas», añade.

Apunta que «los Proyectos Lingüísticos deben considerar criterios objetivos como: el entorno sociolingüístico del centro, los objetivos de Normalización Lingüística del catalán y del aranés en Aran, el respeto a la diversidad cultural y lingüística del alumnado, y los niveles conocimientos lingüísticos del alumnado, acreditados en las evaluaciones y pruebas, manteniendo el catalán como centro de gravedad del Servicio Público Educativo de Cataluña». Como se puede comprobar, el plan sectario de los firmantes del Acuerdo del catalán (ERC, JxCat, Podemos, Izquierda Unida y PSC-PSOE) prohíben automáticamente el castellano/español en esos «Proyectos Lingüísticos de los Centros Educativos» en el nuevo Decreto Ley.

El Decreto Ley hispanófobo separatista fundamenta la organización de la Enseñanza y uso de las lenguas en los siguientes criterios, según el separatismo y sus socios del PSC-PSOE, Podemos e Izquierda Unida: «El Estatuto de Autonomía, la Ley de Política Lingüística y la Ley de Educación de Cataluña; la garantía de que el alumnado alcance el dominio oral y escrito del catalán y del castellano al terminar la etapa obligatoria», mentira que no se sostiene al prohibir a este alumno estudiar en español ni siquiera 25 % (6 horas semanales); «el análisis del entorno sociolingüístico de los Centros Educativos y objetivos de normalización lingüística del catalán para garantizar la eficacia de los Proyectos Educativos y Lingüísticos; la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

Elaboración y validación de los proyectos lingüísticos

Para llevar a cabo todo el proceso, la Consejería de Educación separatista «facilitará el asesoramiento necesario a los Centros Educativos para la elaboración, aprobación o revisión de sus proyectos», es decir, son los propios asesores del Gobierno separatista que proporcionarán a los centros esos «Proyectos Lingüísticos» que simplemente tendrán que firmar devolverlos al Ejecutivo separatista para su aprobación definitiva.

«Los Centros elaborarán el Proyecto Lingüístico» con asesores del Gobierno de Aragonés, «que enmarque el tratamiento de las lenguas en el Centro escolar mediante las estrategias educativas y los recursos didácticos para alcanzar las competencias lingüísticas».

«Su elaboración debe adecuarse a los criterios del Decreto ley» -que es ahora el nuevo marco legal, análisis del entorno, garantía de consecución de las lenguas por parte del alumnado, y ausencia de porcentajes-«, es decir, nada de 25 % de clase en español/castellano. «En el territorio de Arán, los proyectos tendrán que tener en cuenta el aranés como lengua propia», puntualizan los hispanófobos rechazando de plano al castellano/español en los «Proyectos Lingüísticos» de los Centros Educativos.

Dice el Gobierno separatista y sus socios del PSC-PSOE, Podemos e Izquierda Unida que «el Proyecto Lingüístico» de los Centros Educativos «se revisará y modificará, en su caso, en función del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las distintas etapas educativas».

Apuntan que: «Esta revisión se realizará mediante pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en períodos no superiores a los dos años».

Sentencia el nuevo Decreto ley que desafía al TSJC que: La Consejería de Educación del Gobierno separatista, «en un máximo de 30 días, validará si el Proyecto Lingüístico se adapta a normativa y, en caso contrario, instará a la modificación».

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