Concejales inmigrantes y separatistas ante el juez por burlase de España el 12-O

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESAPAÑA), 04.09.2019. Oriol Lladó, Agnès Rotger, José Tèllez, Laia Sabater, la inmigrante islamista Fàtima Taleb y Francesc Duran, este miércoles, al inicio del juicio en el que afrontan una petición fiscal de 15 meses de inhabilitación, por burlarse de España el 12-O de 2016, día de la fiesta nacional del Reino de España. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Lladó y Téllez, Agnès Rotger (ERC), Eulàlia Sabater, la inmigrante islamista Fàtima Taleb, y Francesc Duran (Ganamos) —alianza de Podemos en Badalona (Barcelona) en 2016— se sientan en el banquillo de los acusados y enfrentan una petición fiscal de 15 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad. De acuerdo con el relato de Lladó, los ediles “tenían claro” que no podían desarrollar “una jornada laboral convencional” ni “en términos de normalidad” por lo que optaron por una fórmula “política” consensuada “entre los cargos electos”. “Dimos cumplimiento al requerimiento que se nos hizo y estábamos en una tesitura política”, ha dicho el exprimer teniente de alcalde antes de subrayar que “el Ayuntamiento como tal no se abrió”. Barcelona (España), miércoles 4 de septiembre de 2019. 

El concejal del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) Oriol Lladó (ERC) y el ex edil José Téllez (CUP), juzgados por abrir el consistorio el pasado día de la Fiesta Nacional del reino de España, ‘Día de la Hispanidad’ y del Pilar: Doce de Octubre de 2016 (12-O), pese a tenerlo prohibido por la Justicia, han alegado este miércoles, 4 de septiembre de 2019, que el consistorio no abrió realmente al público y que su iniciativa fue un acto “político”.

Ambos concejales han defendido ante la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona que “creían” que estaban dando cumplimiento al mandato judicial que prohibía al Ayuntamiento abrir sus locales al público y trabajadores ante el “perjuicio irreparable” que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.

“Estábamos ante un acto político”, ha sostenido Lladó, que ese día ejercía de alcalde en funciones, antes de agregar que no fue una jornada laboral “normal” porque la puerta principal del edificio El Viver -donde se ubica el consistorio- estaba cerrada, las luces y ordenadores apagados y no se hicieron trámites.

Téllez, otro de los seis concejales acusados del equipo de la exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) y entonces responsable del área de Recursos Humanos, también lo ha defendido así al asegurar que estaban “haciendo política” y “ejerciendo el derecho a la representación”.

Además de Lladó y Téllez, también Agnès Rotger (ERC), Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (Guanyem) se sientan en el banquillo de los acusados y enfrentan una petición fiscal de 15 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

De acuerdo con el relato de Lladó, los ediles “tenían claro” que no podían desarrollar “una jornada laboral convencional” ni “en términos de normalidad” por lo que optaron por una fórmula “política” consensuada “entre los cargos electos”.

“Dimos cumplimiento al requerimiento que se nos hizo y estábamos en una tesitura política”, ha dicho el exprimer teniente de alcalde antes de subrayar que “el Ayuntamiento como tal no se abrió”.

Asimismo, Téllez ha explicado que los miembros del ejecutivo municipal atendieron a algunos ciudadanos dentro del edificio del Ayuntamiento “por un tema de orden o logística”, pero ha asegurado que no tramitó instancias, sino que se limitó a ofrecer información genérica.

Antes de abrir el ayuntamiento el 12-O, Téllez rompió ante los periodistas una copia del auto del juez que les impedía facilitar el acceso a los ciudadanos al consistorio, lo que ha justificado ante al magistrado diciendo que fue un “gesto de disconformidad” que improvisó para denunciar “un montaje político-judicial”.

Ha insistido en que “entendieron” que la prohibición del auto del titular del juzgado contencioso 14 de Barcelona, que daba la razón a la Delegación del Gobierno en Cataluña, encabezada en ese momento por Enric Millo (PP), se refería al acuerdo inicial al que habían llegado con sindicatos de abrir el Ayuntamiento de forma ordinaria, lo que, según Téllez, nunca ocurrió.

Lo ha ratificado además la exconcejal de ERC Agnès Rotger, quien ha ido un paso más allá y ha afirmado que la jornada del 12-O de 2016 fue “más simbólica que real”, además de “una forma de hacer política” ante las “amenazas” del Partido Popular.

Por su parte, Sabater, Taleb y Duran (Guanyem), en la misma línea que sus compañeros, han defendido que el consistorio no abrió al público porque no se realizaron trámites, los trabajadores no acudieron a sus puestos y ellos se limitaron a atender a los ciudadanos amparados por su condición de cargos electos.

Los seis concejales se sientan en el banquillo de los acusados por abrir las puertas del consistorio el 12 de octubre de 2016, como muestra de rechazo a la celebración del Día de la Hispanidad, en pleno auge del proceso independentista de Cataluña y a pesar de la prohibición judicial expresa.

Tras meses de investigación, el juez acordó en enero de 2017 archivar la causa contra ellos, al concluir que se limitaron a cometer una “escenificación” que no constituye delito porque “el derecho penal no castiga las performances” y que hicieron creer “muy hábilmente” que desobedecían, pese a saber que no lo hacían.

En mayo del mismo año la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa tras estimar un recurso de Fiscalía y mantuvo que los ediles “desatendieron” un mandato judicial que les obligaba a abstenerse de abrir las dependencias municipales a los ciudadanos y empleados.

El juicio a los seis concejales continuará mañana con la declaración de los testigos y con las conclusiones de las partes.

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