Redacción.- Barcelona (España), lunes 28 de enero de 2022. Se nos informó el pasado 2 de diciembre sobre la normativa europea que permitirá condicionar la recepción de fondos comunitarios al respeto del Estado de Derecho. Y de que esto está un poco más cerca de hacerse plenamente efectivo, tras la recomendación por el abogado general de la Unión Europea de rechazar los recursos presentados por Polonia y Hungría para impedir su aplicación.
El nuevo régimen, que afecta al cobro de todo tipo de ayudas y no solo el Fondo de Recuperación de la pandemia, fue aprobado el 16 de diciembre del año pasado, donde salió adelante con la condición de que se pudiera someter al control de la justicia europea antes de ponerlo en la práctica. Se trata de «un instrumento de condicionalidad financiera para preservar valores de la Unión».
El ejecutivo de Ursula von der Leyen está a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre estos recursos para poner en marcha el reglamento, que podría traducirse en la suspensión de fondos tanto a Hungría como a Polonia, que en los últimos meses se han negado a acatar varias sentencias recientes del TJUE.
Por otro lado, en la República Federal de Alemania se conoce el principio de lealtad a la Federación (Bundestreue) y sería inconcebible aportar fondos o cantidades de dinero a aquel Land que pusiera en riesgo la Federación misma (Bund).
Por mi parte, me permito sugerir que en el Estado español falta una articulación jurídica efectiva del principio de lealtad constitucional. Propugno que se impida que (por ejemplo, vía leyes de Presupuestos) se otorguen dineros, fondos, derechos a ciertas comunidades autónomas, mientras éstas no den muestras suficientes de lealtad al Estado poniendo en riesgo los valores constitucionales y la integridad del territorio. La articulación jurídica de esta idea llevaría a un control judicial, para lograr preservar la igualdad entre las comunidades autónomas y de los ciudadanos en general, que se pone en riesgo cuando se concede de más, con fines personales de mantenerse el gobernante en el poder. Al menos no puede ser lo contrario: no puede ser que, cuanto más desleal más recibas, y que cuanto más leal, menos.
Se trataría de abrir una amplia legitimación a fin de poder invocar el principio «de lealtad al Estado» para evitar asignaciones «de más».
Podrá decirse, en contra de la idea, que vía judicial no pueden resolverse los descalabros que se hacen vía política, pero a mi juicio ello sería desnaturalizar el principio mencionado, además de que no se entiende por qué queda al margen del Estado de Derecho un control de límites, o de posibles abusos, que es la esencia de un Estado de Derecho.
Santiago González-Varas Ibañez,
Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Alicante (2002). Realiza habitualmente labores de asesoramiento a Ayuntamientos, así como contencioso-administrativo
