Agencias – Las 55 sesiones que está previsto que dure el juicio en la Ciutat de la Justicia de Barcelona -paradójicamente, la infraestructura judicial es una de las obras investigadas por el presunto pago de mordidas- pondrán bajo lupa la financiación de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) de Carles Puigdemont y Artur Mas, justo cuando cobra fuerza la investigación del «caso del 3%», en que está imputado Daniel Osàcar y Andreu Viloca, su sucesor al frente de la tesorería de la extinta formación Convergencia (CDC), hoy en día denominado Partido Demócrata Europeo Catalán(PDECAT). Barcelona (España), domingo 26 de febrero de 2017. Fotografía: Llegada del exresponsable del Palau de la Música, Fèlix Millet, a la Audiencia Provincial de Barcelona. Archivo Efe.
Casi ocho años después de que Policía Catalana, los Mozos de Escuadra, registraran el Palacio de la Música, la Audiencia juzga desde esta semana a Fèlix Millet por el millonario expolio de la entidad que dirigió y del que supuestamente se lucró CDC, que afronta el proceso con 15 sedes embargadas y un extesorero en el banquillo.
A partir del próximo miércoles y, según el calendario previsto, hasta el próximo 27 de junio, la Sección décima de la Audiencia de Barcelona juzgará a Fèlix Millet y a su mano derecha Jordi Montull por el histórico saqueo, que se eleva a más de 30 millones, perpetrado durante los treinta años en que estuvieron al frente del Palacio de la Música.
Apenas un mes después del registro del edificio modernista, auténtico golpe a uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, Millet confesó haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau.
Esa cifra, desde entonces, no ha parado de crecer, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas.
Junto a Millet y Montull, para quienes la Fiscalía pide penas de 27 años de cárcel -y 26 para la hija de este último, Gemma Montull-, el caso del Palau de la Música sentará en el banquillo al extesorero de CDC Daniel Osàcar, que afronta una condena de siete años y medio por su papel de mediador en el presunto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación a través de la entidad cultural.
Las sospechas sobre el presunto pago de mordidas a CDC por la adjudicación de emblemáticas obras de la Generalidad de Cataluña en la época de Jordi Pujol, como la línea 9 del metro y la Ciutat de la Justicia, han llevado también a juicio a los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que afrontan cuatro años y medio de cárcel, y al exdiputado convergente Jaume Camps, que se expone a año y medio de prisión.
Por las mordidas que presuntamente recibió de la constructora Ferrovial, la Fiscalía reclama 6,6 millones de euros a CDC, que inicialmente puso su sede central en Barcelona como garantía del pago en caso de una eventual condena, aunque en 2015, después de que la formación apalabrara la venta del inmueble, el juez la sustituyó por el embargo preventivo de quince locales de la formación.
El juez cree que el pago de esas mordidas se materializó en pagos en efectivo a los tesoreros del partido y se enmascaró mediante facturación falsa y convenios de colaboración que el Palacio de la Música firmó con la fundación CatDem para la promoción de la cultura catalana.
Las 55 sesiones que está previsto que dure el juicio en la Ciudad de la Justicia de Barcelona -paradójicamente, la infraestructura judicial es una de las obras investigadas por el presunto pago de mordidas- pondrán bajo lupa la financiación de CDC, justo cuando cobra fuerza la investigación del «caso del 3 %», en que está imputado Daniel Osàcar y Andreu Viloca, su sucesor al frente de la tesorería de la extinta formación, hoy PDeCAT.
Además, el juicio del Palacio de la Música coincidirá con la vista del caso Adigsa, sobre supuesto pago de comisiones en la que fuera la empresa pública de vivienda de la Generalidad, una causa que se abrió a raíz de las insinuaciones del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlamento de Cataluña de que CiU cobraba comisiones del 3 %.
Junto a la Fiscalía, Millet y Montull tendrán enfrente a cuatro acusaciones, la del propio Palacio de la Música, la del Consorcio del Palacio de la Música -entidad que agrupa a las administraciones que nutren de fondos públicos la entidad-, la de la Agencia Tributaria -que imputa delitos fiscales a los exresponsables de la entidad- y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).
La acusación particular ejercida por el Palacio de la Música, representada por el bufete Price Water house Coopers, del que es socio el exconsejero Joaquim Triadú, se ceba en su expresidente, para quien pide 81 años de cárcel, pero sin exigir a CDC responsabilidad alguna por los 6,6 millones de euros que el juez cree que la formación se embolsó a través de la entidad.
El Consorcio del Palacio de la Música, por su parte, pide una condena de 21 años de prisión para Millet y Montull y les reclama que le devuelvan los 3,6 millones de euros que supuestamente se embolsaron de la institución en todo tipo de gastos particulares, viajes y obras en sus viviendas.
Con toda probabilidad, los acusados podrán beneficiarse de una atenuante de dilaciones indebidas solo con poner un pie en el juicio, dada la demora en la instrucción del caso, investigado por cinco jueces distintos, que se han sucedido al frente del Juzgado de instrucción número 30 de Barcelona.
La gestión del Palacio de la Música por parte de Millet y Montull ya los sentó en el banquillo en 2014, junto a la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, por las presuntas irregularidades en los trámites para la construcción de un hotel de lujo junto al edificio modernista.
La Audiencia de Barcelona condenó a los saqueadores confesos a un año de cárcel por tráfico de influencias en ese caso -que comportó su ingreso en prisión durante trece días-, aunque el Supremo los acabó absolviendo en junio del año pasado, lo que permite a Millet y Montull afrontar el juicio por el expolio sin ninguna condena firme.
