Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Además y por fin, la abogacía del estado y la Fiscalía han solicitado la «expulsión» del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, que ejercía hasta ahora de Acusación Popular contra los Policías y Guardias Civiles del 1-O, en el caso porque «no es ni el ofendido ni el perjudicado» en la causa, ni está habilitado para la carta municipal para personarse como acusación popular. Barcelona (España), viernes 20 de diciembre de 2019.
La Fiscalía ha pedido el archivo del grueso de las investigaciones sobre las cargas policiales de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Policía Nacional de heroica «Operación Copérnico» en varios centros de votación ilegales del referéndum separatista no autorizado por la Justicia del pasado uno de octubre de 2017 en Cataluña (1-O).
Esos centros, en su mayoría son los de Barcelona y dichas investigaciones están abiertas, actualmente, en el juzgado de instrucción número 7 de la capital catalana, donde el ayuntamiento de Barcelona de la alcaldesa Ada Colau y del PSOE Cataluña (PSC) ejercen de acusación popular, en defensa de los separatistas del 1-O contra los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía del Reino de España.
En su escrito, de 62 páginas, los fiscales consideran que -en la mayoría de casos- los agentes de Policía nacional y de la Guardia Civil se vieron obligados a usar la fuerza a raíz de lo que define como una «actitud de resistencia y hostilidad de cientos de miles de ciudadanos» separatistas.
«El comportamiento de los ciudadanos (separatistas) que se congregaron ante las puertas de los centros con la única y exclusiva finalidad de abortar un mandato judicial no estaba amparado en las libertades de expresión, reunión y manifestación, tal como ha manifestado el Tribunal Supremo», dice la Fiscalía.
Defiende, además, que la respuesta policial consistió «en hacer uso de la fuerza legítima y proporcionada» por parte de los policías nacionales y guardias civiles.
«No hay ningún dato o indicio que permita sospechar, tras más de dos años de investigación, una intervención policial global desproporcionada, ni en la gestión y dirección del operativo, ni en su desarrollo y evolución», apunta la Fiscalía.
GRACIA A COPÉRNICO, ANTE PASIVIDAD DE LOS MOZOS, SE SALVÓ A ESPAÑA
El Ministerio Público del pueblo español asegura también que la acción de la Policía Nacional fue necesaria ante la «ineficacia y pasividad de los Mozos de Escuadra, como se recoge en la sentencia del Supremo contra los líderes independentistas que promovieron el referéndum del 1 de octubre de 2017».
A pesar de pedir este archivo parcial y provisional, la Fiscalía sí considera que habría que mantener abierta la investigación sobre los hechos ocurridos en el instituto Ramon Llull, donde uno de los concentrados, Roger Español, perdió la visión de un ojo por el impacto de una bala de goma.
También pide al juez que sean llevados a juicio, por delitos de lesiones leves, los agentes de los antidisturbios que fueron denunciados por varios ciudadanos que resultaron heridos en los centros Pau Claris, Ágora, Dolores Monserdà y mediterránea.
La Fiscalía habla, en cualquier caso, de acciones «individualizadas» por parte de algunos agentes.
El Ayuntamiento de Barcelona, expulsado
La solicitud de archivo de la Fiscalía llega dos semanas después de que la Audiencia de Barcelona atendiera la petición de la Abogacía del Estado, a la que la Fiscalía apoyó, de expulsar del Ayuntamiento de Barcelona como acusación popular de la causa.
El argumento es que el consistorio barcelonés «no es ni el ofendido ni el perjudicado» en la causa, ni está habilitado para la carta municipal para personarse como acusación popular.
