Efe.- Barcelona (España), jueves 17 de marzo de 2022. La Fiscalía ha acusado este jueves al expresidente catalán Quim Torra de haberse instalado en la «insumisión institucional» cuando se negó a descolgar un lazo a favor de los presos del «procés» del Palau de la Generalitat, tras recalcar que no se le juzga por «colgar una pancarta».
Así lo ha sostenido este jueves el ministerio público en los informes finales del segundo juicio contra Torra por negarse a retirar símbolos a favor de los presos de edificios públicos, una vista que se ha celebrado en ausencia del acusado, quien esta mañana ha comunicado en un vídeo en su Twitter que no acudiría a la misma por considerarla una «farsa».
La fiscal del juzgado de lo penal número seis de Barcelona, que pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por un delito de desobediencia, ha insistido en sus informes en que en ningún momento se ha «conculcado» el derecho del expresident a la libertad ideológica y de expresión.
En ese sentido, ha afirmado que durante el ejercicio de su cargo hizo manifestaciones similares a las del contenido de la pancarta del Palau «sin cortapisas» y que hoy se sienta en el banquillo «por no dar cumplimiento» a un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mantener la neutralidad del Palau de la Generalitat, especialmente con unas elecciones próximas.
La fiscal ha pedido «no contaminar los discursos porque las mentiras, aunque se repitan mil veces, siguen siendo mentiras», y ha recordado que Torra podía colocar la pancarta en su casa, o en la sede de su partido, pero no hacer un «uso indebido de un edificio público» a favor de los partidos y de una «determinada ideología» no compartida por toda la población catalana.
«Estaba colocado en la insumisión institucional, daba lo mismo lo que le dijera la Junta Electoral o el TSJC», ha sostenido la fiscal, que cree que Torra «tenía la voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada de lo que se le dijera respecto a su ideología».
La fiscal considera, además, que Torra hizo «alarde público» de esa «contumaz» desobediencia cuando difundió un comunicado de prensa a los medios para anunciar que no retiraría del Palau la pancarta con el lazo amarillo y un mensaje a favor de los políticos presos condenados por sedición.
En su informe, el ministerio público ha tratado de desacreditar además una de las principales bazas de la defensa, un informe del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa crítico con el papel de la justicia española en el «procés».
En ese sentido, ha advertido de que se trata de un dictamen «anecdótico», que atenta contra la separación de poderes en que se basa el Estado de derecho y fue aprobado por solo 70 de los 324 miembros de ese órgano que, ha recordado, es meramente «consultivo».
Por su parte, el abogado de la acusación popular ejercida por la plataforma Impulso Ciudadano, Jorge Diéguez, ha asegurado que en la instrucción, y en el propio vídeo que hoy ha colgado en las redes Torra para anunciar que no acudiría al juicio, ha quedado acreditado de forma «palmaria y evidente» que desobedeció la orden judicial de retirar la pancarta.
Esta acusación popular, que fue la que propició la apertura de esta causa por desobediencia al solicitar al TSJC que ordenara retirar la pancarta, pide dos años de inhabilitación para el expresidente catalán y 109.500 euros de multa.
