Redacción.- Barcelona (España), miércoles 30 de marzo de 2022. El problema lingüístico en Cataluña es un tema de continuo conflicto entre los partidos políticos que forman el Gobierno catalán, tenemos a los independentistas (la CUP, JxCat y ERC), los que en teoría defienden el cumplimiento de nuestra Constitución española (PSC y los Comunes) y los partidos constitucionalistas minoritarios (PP, Ciudadanos y Vox).
En estos momentos tanto el primer grupo como el segundo, se mueven para no cumplir la sentencia firme que debe aplicar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que fue ratificada por el Tribunal Supremo (TS), donde se debe impartir como mínimo el 25% de clases en lengua española en las aulas catalanas.
El sector independentista, busca infinidad de maneras para no cumplir con la sentencia, así crea: El Pacto Nacional por la Lengua, el Consejo Lingüístico Asesor y encuestas para los alumnos de los centros educativos para luego aplicar los resultados en su defensa. También, se mueven otros miembros como el Defensor del Pueblo, los sindicatos de la enseñanza que defienden la causa independentista, las entidades independentistas (ANC y Ómnium Cultural), las asociaciones independentistas como Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua) y otros, universitarios de algunas universidades catalanas, estudiantes de secundaria, y últimamente el Consejo para la República de Waterloo, dirigido por su presidente Carles Puigdemont, que a su vez es el presidente de JxCat.
Por el lado de los que defienden el cumplimiento de dicho dictamen tenemos a la asociación constitucionalista Escuela de Todos (formada por 15 agrupaciones), la asociación de Hablamos Español y los partidos políticos minoritarios del Parlamento catalán.
Ubicados en este escenario, esta pasada semana el Centro de Estudios de Opinión (CEO), presentó los resultados (17 marzo) de la encuesta Òmnibus, realizada a 1.200 personas, efectuada entre el 17 de noviembre y 17 de
diciembre de 2021, donde se aprecia que el 38,8% está de acuerdo en que Cataluña debe ser un Estado independiente y un 53,3% está en contra. Cuando se preguntó por el modelo de Estado, las respuestas fueron: una región de España el 8,4%, una CC.AA. el 34,4% y un Estado dentro de una España federal el 19,7% y solo el 33,7% quieren que Cataluña sea un Estado independiente.
Al ver las críticas a estos resultados anteriores, se dio la orden de modificarlos), de tal manera que le fueran más favorables, quedando de la siguiente manera: el 40,8% quiere que Cataluña sea un Estado independiente y 52,3% está en contra. En cuanto a qué modelo de Estado quieren, los porcentajes varían: una región de España el 7,3%, una CC.AA. el 32,7% y un Estado dentro de una España federal el 20,8%, y solo el 33% quieren que Cataluña sea un Estado independiente.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó, presentó un informe en base a los resultados de una encuesta realizada el pasado año a 52.522 alumnos catalanes (de primaria y la ESO), y dijo: «el catalán está en riesgo y que si se aplica el 25% de clases en español, eso significará un retroceso para la lengua catalana», porque el uso del español ya supera este porcentaje. Para calcular las proporciones del uso de la lengua española en las aulas catalanas tuvo en cuenta: la lengua en que se imparte la clase, el idioma en que se dirigen los alumnos al profesor, la lengua que hablan los alumnos en: el aula, el comedor y el patio de recreo.
Por otra parte, el consejero de Educación, Josep González Cambray, mostró su apoyo a los docentes en la huelga que realizaron el pasado día 23 de marzo, y a la vez les dijo: «los centros escolares tendrán toda la cobertura política y jurídica ante una sentencia que consideran una intromisión al modelo de éxito de escuela catalana». Además, desde la Consejería de Educación para dar respuesta al TSJC sobre la sentencia del 25%, están desarrollando un nuevo marco normativo que elevará a consulta pública durante un mes, sus objetivos son: reforzar el catalán en las escuelas y evitar aplicar la sentencia, defender el dominio de las lenguas al finalizar la educación y no en proporciones como fija la sentencia del TSJC y deberá contar con el apoyo político, social y pedagógico. Tardarán meses en terminarlo y poder aplicarlo.
Así mismo, el día 23 de marzo se inició el día con una foto conjunta solo con los consejeros del Govern y diputados de ERC, mostrando su apoyo a la huelga de los docentes por la defensa del modelo de la escuela catalana de inmersión lingüística y de la lengua catalana como la única lengua vehicular en Cataluña, cuando según el artículo 3 de la Constitución española, las tres lenguas vehiculares de Cataluña son: el español, el catalán y el aranés.
Al mediodía se realizó la huelga en la plaza Urquinaona de Barcelona, en defensa del monolingüismo y en contra de la sentencia del TSJC, que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en español en las escuelas catalanas. Esta manifestación no tuvo tanto éxito como las realizadas la semana pasada (días 15, 16 y 17). Asistieron universitarios, alumnos de secundaria, y docentes sindicales de: Intersindical, SEPC, COS y Ustec. Se dirigieron ante la sede del TSJC, donde los diferentes representantes sindicales se manifestaron en contra del cumplimiento de la sentencia, pidieron un plan lingüístico único para todos los centros, protección y garantías para los que están dispuestos a defender la lengua catalana. También, los alumnos universitarios realizaron paros en algunas facultades de la Universidad de Barcelona.
Hay que mencionar, además, que el pasado jueves, los partidos de JxCat, ERC, PSC y los Comunes, firmaron un pacto de modificación de la Ley de Política Lingüística para eludir el cumplimiento de la sentencia firme del TSJC, sobre el 25% de clases en español. Los partidos firmantes trabajaron de forma discreta durante dos meses para conseguir este acuerdo.
Con este Proyecto de ley firmado, se reconoce el catalán como lengua vehicular y la presencia del español como lengua de aprendizaje, se busca flexibilizar la inmersión y adaptar los currículos a la realidad sociolingüística de cada centro, no se tiene en cuenta el porcentaje de las
lenguas de enseñanza, el objetivo final es que los alumnos al acabar la ESO sean competentes en la forma oral y escrita de las lenguas catalana y española, y en el Valle de Arán, los alumnos tienen el deber de conocer de modo escrito y oral las lenguas aranesa, española y catalana.
A las pocas horas de haberse firmado «el acuerdo», JxCat se retiró, debido a la presión de las redes sociales y a que su presidente, Carles Puigdemont, les dijo a través de Twitter: «la lengua catalana debe seguir siendo la lengua vehicular en la escuela. Y no se puede abrir grietas que la debiliten». Al parecer, varios miembros renombrados del partido tenían conocimiento del pacto antes de ser firmado.
A la CUP, no le gustó el acuerdo y lo consideró como una traición a la enseñanza exclusivamente en catalán, y al tener conocimiento de los acuerdos de los cuatro partidos, decidieron presentar una proposición de ley oficializando el catalán como la única lengua de la enseñanza en Cataluña.
El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, denunció al PSC y a los Comunes por el pacto firmado con los partidos independentistas, afirmando: “El PSC vuelve a pisotear los derechos de los catalanes junto a los independentistas para esquivar la sentencia del 25%”, y añadió: “los dos partidos del Gobierno de España, han vuelto a salvar al separatismo para que esta sentencia no se haga efectiva”.
Sin embargo, para el presidente catalán, Pere Aragonès: «la iniciativa da respuesta a la sentencia del TSJC».
Los tres partidos restantes van a seguir adelante y el acuerdo firmado continuará su trámite esta semana en la Mesa del Parlamento catalán. Y si todo les sale bien, se espera que el decreto sea aprobado antes del inicio del próximo curso. Mientras tanto, el consejero de Educación, Josep González Cambray, está preparando un decreto para acompañar al nuevo Proyecto de ley.
Por último, el viernes día 25 de marzo venció el plazo de los dos meses para aplicar la sentencia del 25%. Ese mismo día el consejero de Educación envió al TSJC, el acuerdo suscrito entre ERC, JxCat, PSC y los Comunes, para reformar la Ley de Política Lingüística de Cataluña, y con eso piensa que cumplirá la sentencia del 25%.
Expirado el plazo, ayer lunes, la asociación de la Guardia Civil JUCIL, pidió al TSJC que se indemnice con 450€ por trimestre, a cada uno de los padres, policías o guardias civiles destinados en Cataluña, porque sus hijos no han recibido el porcentaje del 25% de clases en español, además, solicitan la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos, que se nieguen a cumplir la sentencia firme del TSJC.
Se sumó a la anterior denuncia, la plataforma de Hablamos Español quien pidió al TSJC la ejecución forzosa de la sentencia del 25%, estos presentaron tres demandas en nombre de: su propia organización, las AMPAS y en colaboración con la guardia civil y policías nacionales destinados en Cataluña.
Ciudadanos, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el consejero de Educación del Gobierno catalán.
La Asociación Escuela de Todos (formada por 15 asociaciones constitucionalistas) presentará una demanda colectiva, con más de 1.500 solicitudes de alumnos, para pedir la ejecución forzosa de la sentencia, para que se reconozca a los alumnos catalanes el derecho a recibir como mínimo el 25% de clases en español. También, a título particular la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) entregará una demanda reclamando este derecho.
El Gobierno central de momento no dice nada, espera que el TSJC le informe si lo aportado por el consejero de Educación es suficiente
En conclusión, se puede apreciar que los partidos independentistas cada uno van por su lado, disminuye el porcentaje de los que quieren que Cataluña sea un «Estado independiente» y se observa el acercamiento entre los partidos independentistas con los partidos que representan al Gobierno. También, el Gobierno catalán busca la manera de esquivar el cumplimiento de la sentencia del 25%, ya sea creando organismos, realizando encuestas, creando un decreto y firmando un acuerdo de proyecto de ley entre los partidos que defienden la inmersión lingüística y la lengua catalana (ERC, JxCat, PSC y los Comunes). En el acuerdo firmado se aprecia que se alejan de lo dictaminado por el TSJC y el TS, para ellos, la única lengua vehicular es el catalán y al español lo consideran como una lengua de aprendizaje, ignoran el 25% de porcentaje y hablan de la flexibilidad lingüística.
La realidad es que Cataluña es una región plurilingüe y multicultural y no solo monolingüe, sino que cuantas más lenguas se dominen, más puertas se abren, sobre todo para nuestros jóvenes que viven en un mundo globalizado y competitivo.
Según El Periódico, este acuerdo reforzará la lengua catalana y no el español. «El uso del castellano se limita en entornos sociolingüísticos que lo requieran. Y, ¿dónde será necesario? En ninguna parte. Ergo (por tanto), ¿qué provocará la ley? El refuerzo del catalán».
«El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable» (Tribunal Supremo, marzo 2022).
Manoly A. Roldán
