La sentencia y el acuerdo

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FOTOGRAFÍA. TARRAGONA (ESPAÑA), 20.09.2020. Luís Felipe Ulecia (i), el vicesecretario de Juventudes, acompañado de Alberto Tarradas (d), el presidente provincial de VOX en Gerona liberan Tarragona de la basura separatista. Ulecia, Tarradas y el jefe de los Jóvenes de VOX Tarragona quitaron varios kilos de lazos amarillos, al menos dos pancartas separatistas de bienvenida a la ciudada de Tarragona —en los que el secesionismo proclama parte independiente de España los municipios de Tarragona—, y al menos 9 banderas separatistas, Estrelladas (esteladas). Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Barcelona (España), miércoles 8 de febrero de 2023. La semana pasada hemos tenido varios acontecimientos destacados para la política catalana y nacional. El primero, ocurrió cuando Bélgica denegó la entrega en enero de 2021, del exconsejero catalán, Lluís Puig, como consecuencia el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, planteó unas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): «que aclare las circunstancias en la que un país de la UE puede negar la entrega a otro». La respuesta realizada ha sido contundente: «Un estado miembro de la UE no puede negarse en principio a ejecutar una euroorden». Ante la respuesta de la sentencia, se han visto dos posturas. Para unos, la respuesta a la sentencia al juez, Pablo Llarena, ha sido favorable, porque permitirá tramitar las euroórdenes y Bélgica tendrá que entregar a España a los fugados: Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

Para los fugados independentistas y sus abogados, consideran la respuesta como un triunfo que les beneficia, porque piensan acogerse a algunas palabras de la sentencia que dice: «los estados podrán denegar una euroorden de detención cuando se vulnera un derecho fundamental», es decir, cuando «se valora la existencia de deficiencias del sistema judicial que afecten la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al cual pertenece el interesado». Estos argumentan que en España no se respetará su derecho y que el TS no es competente para juzgarlos. Además, ellos se consideran el “grupo identificable». A la vista de conseguir estas objeciones, los independentistas, se están esforzando en que el Parlamento europeo investigue el Catalangate, sobre el presunto espionaje a algunos miembros independentistas. Cuestión controvertida, porque se dan diferentes posturas al respecto: no es un estudio imparcial científico, participaron y aportaron dinero algunos independentistas para el estudio, el investigador principal es independentista, la Universidad de Toronto (Canadá) se mantiene en silencio, es una guerra entre compañías tecnológicas contra la empresa israelí NSO Grup propietaria del programa espía Pegasus, etc..

Además, el Parlamento Europeo se encuentra convulso e investiga casos de corrupción como el Qatargate y mantiene abierta la investigación sobre la participación del Gobierno ruso en diferentes países para desestabilizar gobiernos y en el caso de España, han encontrado su participación entre los grupos independentistas de Cataluña. El asunto no es tan sencillo como parece. Por una parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo, en estos momentos no solicitará las euroórdenes a Bélgica, sino que deberá esperar a que los jueces de la causa del Procés determinen cuáles serán los criterios a seguir para revisar los expedientes de los indultados, que a su vez servirán para aplicar a los fugados. Teniendo en cuenta la actual reforma del Código Penal. Por otra parte, el TS deberá esperar a que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), determine la inmunidad de los tres europarlamentarios catalanes. Como es de prever según los hechos objetivos realizados por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, los fugados no cumplieron los requisitos que marca la Junta Electoral Central, que es el de haber venido a firmar sus actas de eurodiputados y haber jurado la Constitución Española. Una vez aclarados los dos aspectos anteriores, entonces verán el camino a seguir.

Algunos miembros del Gobierno por su parte, han declarado que tendremos a los fugados antes de las elecciones generales, pero de eso no hay ninguna seguridad porque sus abogados están estudiando las posibles alternativas para defenderlos y entre ellos Gonzalo Boye, prevé que a cada denuncia le seguirá sucesivas respuestas y que nos podría llevar a 2024 o más. En el caso de Carles Puigdemont, podría instalarse en Suiza, que no forma parte de la Unión Europea, por tanto, España no podría acogerse a la euroorden y el tratado bilateral de extradición es flexible y no hay garantía de que lo entregarán. Según las últimas informaciones, en dicho país existe una gran actividad en la difusión de la causa independentista. En diciembre de 2022, contaban con 5 sedes instaladas en aquel territorio. También, residen la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel y el expresidente de la entidad independentista Òminum Cultural, Jordi Cruixat, instalado como empresario hace algunos meses y desde ahí continua su actividad divulgadora del independentismo.

Por otro lado, el mismo día que se publicó la sentencia del TJUE, se aprobaron los Presupuestos de Cataluña 2023, entre ERC, PSC y los Comunes, y se firmaron en el Palacio de la Generalitat, entre los partidos de ERC y el PSC. Pero se leyó ante la prensa el día miércoles 1 de febrero, por el primer secretario del PSC, Salvador Illa. Éste acuerdo se ha hecho esperar hasta que el PSC consiguió pactar los tres temas principales: modernización del aeropuerto de El Prat, desarrollar el proyecto recreativo del Hard Rock en el campo de Tarragona y la construcción de un tramo de la autovía entre Sabadell y Tarrasa, B-40 (Ronda norte). Estos presupuestos según el presidente de ERC, Oriol Junqueras: «Cuentan con el soporte de los sindicatos, los empresarios, de la mesa del tercer sector y las entidades sociales y culturales».

Una vez aprobados los acuerdos se han producido todo tipo de reacciones:

1.- El Gobierno central: con éste acuerdo se pone fin al procés.

2.- JxCat y la CUP: con éste acuerdo ERC ha abandonado y se rompe la mayoría del 52% independentista que tenían en el Parlamento de Cataluña. JxCat, piensa que es la alternativa al tripartito. Ambos partidos piensan presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos aprobados.

3.- Los partidos constitucionalistas de Ciudadanos, PP y Vox: el acuerdo indica que el PSC se ha arrojado a los brazos del independentismo, traicionando a los votantes que apostaron por Salvador Illa.

4.- ERC: esto es un acuerdo puntual para aprobar los presupuestos y que ellos siguen buscando la independencia a través del diálogo. Con esta vía han conseguido los indultos de los líderes del procés que no huyeron y la modificación del Código Penal. La mesa de diálogo está suspendida por la campaña electoral, pero que podría volver a activarse en caso que el PSOE gane las elecciones generales de finales de año y los republicanos le pongan encima de la mesa la condición de la celebración del referéndum a cambio de su apoyo. Y pide a JxCat, que se plegue al acuerdo de los presupuestos.

5.- PSC: es un acuerdo puntual para aprobar los presupuestos. Ellos seguirán luchando para conseguir gobernar en la Generalitat, consideran que este es solo el primer paso.

6.- Los Comunes, fueron los primeros en pactar con ERC, aceptaron los presupuestos, pero no del todo. Existen discrepancias respecto a la ampliación y remodelación del aeropuerto de El Prat, por motivos medioambientales. Según ellos, no existe una partida presupuestaria para ello. De momento, solo se hará un estudio técnico sobre su viabilidad.

Lo cierto es que estamos en plena campaña electoral y cada uno de los partidos políticos trata de arrimar el ascua a su sardina.

En la aprobación de estos presupuestos 2023, que entrarán en vigor el próximo mes de marzo, se aprecia un incremento considerable de un 7,6% más respecto al año 2022 (de 37.183 a 41.025 millones de euros). Resaltar el incremento en la partida de la acción exterior de sus embajadas y el Diplocat. Actualmente hay 18 delegaciones internacionales y el próximo año llegarán a 20. El presupuesto se ha incrementado un 8% (de 67,3 a 72,7 millones). En la promoción de la lengua catalana se ha realizado un incremento de 25.5% (de 47 a 59 millones). En cuanto a los medios de comunicación de TV3 y Catalunya Ràdio, se ha incrementado en un 18% (de 284 a 336 millones) siendo que en su mayoría son vistos y oídos por solo un 14% de la población catalana de tendencia independentista, pero pagados con el dinero de los impuestos de todos los catalanes. El resto de la población utiliza otros medios de comunicación y plataformas digitales en español. Igualmente, subvencionan a alguna entidad que controla el uso de la lengua en centros educativos escolares y universitarios, asociaciones, consorcios, sociedades mercantiles, etc.

Con la aprobación de estos presupuestos, queda patente que el PSC consiente cada vez más los postulados independentistas. Teniendo en cuenta que tanto el PSC y los independentistas siguen su hoja de ruta. Unos con su acuerdo de Barcelona y los otros siguen su Programa 2000, trazado por Jordi Pujol. De momento, tanto el Gobierno central y el catalán, tienen los mismos socios: PSOE, ERC y Unidas Podemos, y ERC, PSC y los Comunes (herederos de ICV). Como se dice en Cataluña, se vuelve a repetir el tripartito de 2003-2010. Al respecto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, negó ésta afirmación y declaró: «La reedición de un hipotético gobierno tripartito que incluya al PSC no tiene ningún tipo de viabilidad, sobre todo mientras los socialistas sigan negando el derecho a decidir de Cataluña». Dentro de unos meses sabremos cuáles son las repercusiones de estos acuerdos.

En conclusión, a través de la respuesta que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la posible extradición a España de los fugados independentistas desde Bélgica, aunque la justicia española tenga la razón, los otros tienen herramientas y medios para hacer que el caso se haga interminable. Mientras tanto, en España, se les da facilidades a los que incumplen la ley, concediéndoles indultos, eliminando el delito de sedición y rebajando la malversación. Nos encontramos en la situación que los jueces tienen que decidir qué criterios comunes se deben aplicar a todos los implicados en el procés. Encima alguno se atreve a pedir la absolución y por si fuera poco, resulta que sus casos no están resueltos y dicen que lo volverán a hacer.

Los culpables supuestamente no son solamente ellos, sino también los gobiernos del PP y PSOE que han necesitado de su apoyo para poder gobernar, de tal manera que nos encontramos en la situación actual, donde el Partido Socialista de Cataluña (PSC), en estos presupuestos recién firmados con el gobierno catalán de ERC, le ha permitido aprobar algunas partidas presupuestadas con el dinero de los impuestos de todos los catalanes para que ellos prosigan en su labor de divulgación de su causa independentista a nivel nacional e internacional. Finalmente, recordar el mensaje dado por el Rey Felipe VI, el día de la entrega de despachos a los 171 jueces, celebrado en Barcelona: «Mantengan la independencia judicial, la cual ha exigido que tiene que ser proclamada, preservada y respetada a nivel institucional como individual».

Manoly A. Roldán