Mientras las obras de uno de los últimos clubes cannabis por abrirse en la ciudad de Barcelona son paralizadas por la Guardia Urbana, la pregunta es: ¿Es legal que el Ayuntamiento otorgue permisos de obras a los locales que declaran una actividad sobre la cual a sabiendas no podrían conceder la Licencia de Actividad para su uso?
Por lo pronto ya hay posibles sanciones, no sabemos hasta que punto pueden llegar, por parte del Área de Seguridad y Prevención de Barcelona a cargo de María Teresa Casado Cadarso por la inminente paralización y/o suspensión de las obras ilegales en el interior del local, según anunciaron algunos medios.
Tristeza y decepción nos produce a los ciudadanos tener que lidiar entre vecinos asesorándonos de temas legales que jamás imaginamos y ver cómo la Alcaldesa, quien me impone pagos, multas y sanciones sin opción y a rajatablas, se salta a la torera las leyes del Estado como si otro fuera el que le paga su sueldo y dietas varias.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado, no en una sino en varias sentencias, contrario al proyecto pretendido por el Consistorio barcelonés de regular la apertura de dichos clubes, dictando que solo el Estado puede regularlos aunque se trate de meramente una óptica urbanística y ambiental, por tratarse de una legislación penal.
Es decir, ha quedado anulado el «Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubs y asociaciones de consumidores de cannabis en la ciudad de Barcelona” del Ayuntamiento aprobado en mayo de 2016, por considerarse «invasión de las competencias estatales en materia de legislación penal». Hechos que inciden y pueden llevar a error en la atipicidad de la actividad desarrollada en los clubes sociales de cannabis.
El Ayuntamiento recibe una solicitud para abrir un negocio, cobra impuestos de apertura y obras, luego si el solicitante no puede abrir su lugar de trabajo por causas como estas, quién paga los daños y perjuicios, el ciudadano!!!
Barcelona, 1 de mayo de 2021.
Claudia Maria Gaetta Ruffo
