Luxemburgo da razón a la Comisión Europea y rechaza el recurso separatista de ANC y Puigdemont contra España

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FOTOGRAFÍA. LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO), 09.06.2021. Los miembros del Tribunal General de la Unión Europea (fondo), el abogado de las entidades separatistas, Gonzalo Boye (d), y la abogada de la Comisión Europea, María Isabel González de peral (i), durante la sentencia contra el recurso de las organizaciones secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el llamado Consejo por la República Catalana del huido procesado Carles Puigdemont sobre el rechazo de la Comisión Europea a su Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) en la que las entidades separatistas ANC y Consejo por la República Catalana pretendían exigir una sanción contra España por aplicar los artículos de la Constitución Española y aplicar y hacer cumplir la Ley en la Comunidad autónoma de Cataluña en 2017 ante los golpes de estado separatistas del 1-O, 10-O y 27-O de 2017; este miércoles 9 de junio de 2021 en Luxemburgo (Luxemburgo). ACN

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Bruselas (Bélgica), miércoles 9 de junio de 2021. El Tribunal General de la Unión Europea ha avalado el rechazo de la Comisión Europea a la separatista Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) de la las organizaciones secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y el llamado Consejo por la República Catalana —entidad creada y liderada hasta la fecha por el huido de la Justicia procesado por el Procés expresidente de la Generalidad separatista de 2017 en Cataluña, Carles Puigdemont Casamajò (JxCat)— que pretendía sancionar España.

Las dos entidades registraron en 2019 una iniciativa separatista que pedía a la Comisión Europea «examinar si España está vulnerando los derechos políticos y civiles» del separatismo.

La Comisión Europea declaró «inadmisible» la petición de ANC y Consejo de la República Catalana de Puigdemont, alegando un «defecto de forma»: que no se pide explícitamente un acto jurídico. ANC y el Consejo por República Catalana de Puigdemont impugnaron la desestimación de la Comisión Europea ante el Tribunal General de la Unión Europea, acusando el Ejecutivo de la Unión Europea de «rechazarla en realidad por el fondo de la cuestión».

El Tribunal General de la Unión Europea con sede en la ciudad de Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo -o Luxemburgo-) ha dado la razón este miércoles por la Comisión Europea, pero las entidades separatistas ANC y el Consejo por la República del huido Carles Puigdemont aún pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El TGUE ve probado que el ANC y el Consejo por la República del huido Carles Puigdemont no invitaron a la Comisión Europea a presentar «una propuesta de acto jurídico» y que, por lo tanto, la iniciativa secesionista de estas organizaciones «no cumplía los requisitos formales para ser aceptada».

El objetivo de ANC y Consejo por la República del huido Puigdemont con su ICE: «Sancionar España»

El ANC y Consejo por la República del huido Puigdemont registraron en mayo del 2019 una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que pretendía instar a la Comisión Europea a iniciar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para sancionar España «por la vulneración de los derechos políticos y civiles «del pueblo catalán y» por extensión de las minorías nacionales y sus representantes «.

Bruselas declaró inadmisible la petición alegando «un defecto de forma». En concreto, la rechazó porque la ICE separatista no «invitaba» explícitamente a la Comisión Europea a «presentar una propuesta de acto jurídico». Sólo pedía examinar la situación en España, y no exigía medidas concretas. «Este es el único objetivo que puede tener una ICE», recordó el Ejecutivo europeo.

La rechazada Iniciativa Ciudadana Europea de las entidades separatistas ANC y Consejo de la República Catalana del huido de la Justicia Carles Puigdemont pretendía que «tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo» tuvieran «conocimiento de la situación» en España respecto «sus riesgos sistémicos y la falta de cumplimiento de normas europeas». También que fueran conscientes de «la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España» y de su «trato a las minorías (separatismo)» en el marco del artículo 7 de los tratados, entre otros.

Bruselas declaró inadmisible la petición alegando un defecto de forma. En concreto, la rechazó porque no «invitaba» explícitamente a la Comisión a «presentar una propuesta de acto jurídico» para activar el artículo 7 del tratado sobre el estado de derecho. Pedía examinar la situación en España, que es la primera fase del proceso sancionador previsto en el artículo 7, pero no exigía explícitamente a Bruselas que utilizara este mecanismo.

Argumentos de Luxemburgo

«Esta fórmula no se puede interpretar como una invitación a la Comisión Europea para que recurra a los mecanismos establecidos en el mencionado artículo», critica el TGUE en la sentencia.

El tribunal de la UE de primera instancia no entra a valorar el fondo de la cuestión. Es decir, si Bruselas tiene que aceptar una iniciativa ciudadana europea que pide la activación del artículo 7 contra un Estado miembro. De hecho, la CE registró una petición de este tipo contra Hungría en 2015.

Así, el ANC y Consejo de la República Catalana de Puigdemont deberán decidir si intentan revertir la decisión de Bruselas por la vía judicial con un último recurso ante el Tribunal de la Unión Europea o si vuelven a presentar la petición a la Comisión Europea teniendo en cuenta los criterios formales que el TGUE ha avalado este miércoles.

Las entidades separatistas atacan también Luxemburgo

Las entidades separatistas ANC y Consejo por la República Catalana del huido Puigdemont consideran que el aval del Consejo General de la Unión Europea (TGUE) «no se ajusta a la legalidad de la UE».

En un comunicado conjunto, añaden que ahora estudiarán si modifican el texto de su fracasada Iniciativa Ciudadana Europea o bien presentarán un recurso para que la Comisión Europea termine registrando la propuesta.

El golpista huido Puigdemont, en representante de su organización Consejo por la República Catalana, reaccionó reconociendo la derrota desde la red social Twitter que la justicia europea «merece el máximo respeto» porque cuando toma una decisión lo hace en base a «razones estrictamente de derecho y no políticas».