Redacción – El Alto Tribunal de la patria ha tumbado la decisión del secesionismo antiespañol de prohibir a todo coste «lo español» en Cataluña: la cultura española en Cataluña. Para el Tribunal Constitucional (TC) del Reino de España, las corridas de Toros son un «patrimonio cultural» para Cataluña, por lo tanto España. Barcelona (España), miércoles 5 de octubre de 2016. Fotografía: El diestro Rafaelillo con su primero en la última de San Isidro celebrada en la monumental de Las Ventas, donde compartió cartel con Javier Castaño y Pérez Mota con toros de la legendaria ganadería de Miura. Efe.
Aunque el TC ha optado por aplazar hasta una próxima reunión el anuncio sobre el recurso contra la prohibición de las corridas de toros en la comunidad autónoma española de Cataluña.
Según fuentes jurídicas en declaraciones al diario ‘Lavanguardia’ hoy, quedó no obstante «acordado por los miembros del alto tribunal en sentido favorable a levantar la prohibición». Las mismas fuentes no aclararon a este medio las razones por las que el anuncio ha sido aplazado.
ta como recoge este medio, la ponencia sobre el recurso corresponde a la magistrada Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil por la universidad de Barcelona, que estimó en su dictamen que la cámara catalana no tiene competencias para prohibir los toros sino para regularlos.
El Parlament de Catalunya votó en julio del 2010 por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones la prohibición, efectiva desde septiembre del 2011.
Otras consideraciones legales son el “blindaje” de los toros aprobado posteriormente por Las Cortes en noviembre del 2013 que reconoce las corridas como un «patrimonio cultural», siguiendo el ejemplo de Francia que ya lo hizo en el 2011. Tanto el Parlament primero como Las Cortes votaron las respectivas medidas –prohibición y blindaje- tras aceptar sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP).
Otros argumentos jurídicos presentados a los miembros del TC son la libertad de empresa, la tradición cultural de los toros y la protección constitucional a las llamadas “minorías culturales”, salvo cuando se trata de prácticas que atentan contra la “dignidad humana” como sucede con la ablación.
