Lasvocesdelpueblo y Agencias – Los síndicos territoriales encargados de la supervisión del referéndum no autorizado por el tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el tribunal Constitucional del pasado 1 de octubre de 2017 (1-O) en la Comunidad autónoma de Cataluña han negado que el órgano llegara a ejercer sus funciones, en su declaración como testigos en el juicio contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral acusados de desobedecer al Tribunal Constitucional. Barcelona (España), miércoles 3 de marzo de 2021.
En el juzgado de lo penal número 11 de Barcelona se ha iniciado este miércoles el juicio contra los cinco letrados y académicos que en octubre de 2017 fueron designados por el Parlamento de Cataluña para formar parte del árbitro electoral que debía garantizar la validez del golpe de estado del 1-O, quienes cesaron sus cargos después de que el Tribunal Constitucional les impusiera multas de 12.000 euros.
En apoyo a los acusados, varios xenófobos separatistas han acudido esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia, entre ellos: el condenado a inhabilitación expresidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla (Quim Torra), el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y los principales líderes de las formaciones políticas secesionistas y entidades separatistas Asamblea Nacional catalana (ANC) y Ómnium Cultural.
El juicio se ha iniciado con las declaraciones de ocho testigos, dado que la juez -sin oposición de la Fiscalía- ha aceptado la petición de la defensa de que los acusados sean interrogados al final de la vista, que finaliza mañana.
De acuerdo con los testimonios, a finales de verano de 2017 recibieron la llamada de un representante del Parlamento de Cataluña que les informó de que habían sido nombrados síndicos territoriales y los emplazó a una reunión en la cámara catalana, en la que se les comunicó que el órgano había quedado en «suspenso» por el dictamen del TC y que volverían a ponerse en contacto con ellos si se reactivaba el proceso, lo que nunca ocurrió.
Todos han coincidido en que, desde dicha llamada hasta la reunión, no recibieron «instrucciones», «indicaciones» u «órdenes» para que realizaran alguna acción, ya que la Sindicatura ni siquiera llegó a constituirse.
«Nos dijeron que nos habían designado, pero quedaba sin efecto o en suspenso», ha explicado uno de los testigos, que formó parte de la sindicatura de Tarragona, mientras que otro, de Barcelona, ha recalcado: «En la práctica efectiva, no llegamos ni a tomar posesión del cargo».
Algunos han detallado que fueron nombrados después de ser tanteados u ofrecerse a formaciones políticas como la derecha separatista JxCAT, la ultraizquierda ERC o la ultraizquierda del terrorismo callejero CUP, pero no han concretado quién o cómo los seleccionó ni si los acusados estuvieron involucrados en ese proceso.
Por otro lado, el abogado de los síndicos, Ramon Setó, ha planteado en las cuestiones previas que sus clientes han sido objeto de una «duplicidad de procedimientos», lo que impide la Constitución Española y los convenios de Derechos Humanos, porque la Fiscalía se querelló en su contra mientras en paralelo los sancionaba el Tribunal Constitucional.
Los síndicos separatistas fueron nombrados el 7 de septiembre de 2017 y cesaron en sus cargos el 26 de septiembre, dejando sin efecto los acuerdos que adoptaron, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno.
En opinión de letrado, la «gravedad» de las sanciones impuestas por el Constitucional, que ya ha dictado sentencia firme sobre el asunto, demuestra que su finalidad era «disuasoria» y «represiva», lo que supondría un doble castigo en el caso de que acabaran condenados también por la vía penal.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa es que se ha vulnerado el derecho a la libertad de conciencia y la libertad académica de los síndicos, todos ellos letrados o profesores vinculados a la formación universitaria.
Cuando fueron designados por el separatismo miembros del Síndico Electoral del ilegal 1-O, Jordi Matas era catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona (UB); Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat desde febrero de 2016; Marta Alsina, abogada; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Se trata, según el abogado, del «primer caso en Europa en que hay una persecución de académicos precisamente por hacer su trabajo. Lo que ha pasado es que por su labor profesional, por cumplir una propuesta del Parlamento de Cataluña y homologar los resultados electorales del golpe separatista del 1-O se han visto sometidos a una persecución», ha añadido Setó.
La Fiscalía acusa a los miembros de la Sindicatura de haber dictado distintas resoluciones en relación con el referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional había notificado que la consulta quedaba suspendida y les advertía de su obligación de impedirla.
Por ese motivo, les acusa de los delitos de desobediencia grave y usurpación de funciones y, alternativamente, solicita que se les condene solo por desobediencia a una multa de 5.400 euros e inhabilitación para cualquier función «que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración pública».
