«TRAIDOR»| Sánchez dice que va a derogar el delito de sedición urgentemente y sustituirlo por «desórdenes públicos agravados» y rebajar a la mitad las penas de golpistas condenados por el Procés

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 06.05.2022. El presidente del Gobierno separatista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García (i), saluda a la presidente de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen (d), en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), a su llegada a la última jornada de la Reunión del "Cercle d'Economia". Ursula von der Leyen recogerá el Premio a la Construcción Europea de la institución. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), jueves 10 de noviembre de 2022. El presidente del Gobierno de coalición sociacomunista de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha anunciado este jueves la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para rebajar las penas por delito de sedición. Sánchez, en una entrevista en La Sexta TV este jueves, ha avanzado que esa proposición será presentada este viernes por el grupo socialista y el de Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja en marco de la «desjudicialización» del proceso golpista en Cataluña (Procés) que las partes pactaron en la última reunión de la Mesa de la traición a Cataluña y al resto de España. Desde Cataluña, VOX ha tachado y resto de España, VOX ha tachado de «traición» el anuncio de Sánchez.

Los grupos parlamentarios del de la coalición sociacomunista gubernamental PSOE y la ultraizquierda Unidas Podemos presentarán este viernes una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición y sustituirlo por un «delito de desórdenes públicos agravados».

Sánchez ha defendido que será una «sustitución» del delito para hacerlo «más o menos homologable» a las principales democracias europeas y que las penas, «en consecuencia, sean equiparables a las existentes en estos países».

Sánchez ha asegurado que no se trata de una respuesta a las peticiones de Esquerra, sino que ha defendido ese cambio «desde siempre». «Parece que en las últimas semanas hay diferentes grupos que están dispuestos» ha defendido el presidente del gobierno español, que ha apuntado que «el independentismo no pide una reforma del Código Penal, pide la amnistía y este gobierno no lo aceptará».

El presidente del régimen amarillo que ocupa las dependencias del Gobierno de la de la Generalidad de Cataluña y coordinador general de la ultraizquierda separatista ERC, Pere Aragonès García, ha calificado la derogación del delito de sedición como «un paso indispensable en la desjudicialización» .

Un concepto, la desjudicialización, que era el compromiso genérico que salió de la mesa de diálogo de julio en La Moncloa .

Entonces no se concretó más, pero la reforma del delito de sedición es una de las demandas de esa carpeta. Quizás la más importante, después de los indultos.

Y es que la presión, a Sánchez, le ha llegado por tres bandas: desde el régimen amarillo y ERC, desde los socios de ultraizquierda Unidas Podemos y también desde todos los informes subvencionados que han hecho públicos organismos internacionales como el Consejo de Europa, que aconsejan homologar este delito a los estándares europeos.

A esto último se ha cogido el Gobierno de España desde el verano. Sánchez ha dicho y repetido que el cambio era necesario, pero no existía la mayoría suficiente para aprobarlo. Pero todo cambió cuando el ejecutivo socialcomunista se puso a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, también con ERC.

La Moncloa siempre ha negado que haya ninguna relación entre una cosa y otra, pero el régimen amarillo y ERC han exigido avances si Sánchez quiere su apoyo a las cuentas.

Hace unas semanas se filtró que el Gobierno socialcomunista estudiaba una posible reducción de penas por el delito de sedición y nuevamente el Gobierno salió para desmentirlo porque esta vez necesitaba el apoyo del PP en la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar el golpe de gracia al ‘Plan’ de la traición a España desde el propio Poder Judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales de Superiores de Justicia y los Juzgados), pero a última hora, saltaron las alarmas y el PP de Alberto Núñez Feijóo se levantó de la Mesa de la segunda traición.

Ni el régimen amarillo ni el Gobierno socialcomunista lo confirmaron, pero ya salieron voces del PSOE oponiéndose, y el PP congeló por enésima vez la renovación de la cúpula del poder judicial.

De hecho, Feijóo ha asegurado que, si los populares gobiernan, agravarán las penas y tipificarán el delito de sedición «de forma precisa».

El JUICIO, CONDENAS POR EL PROCÉS Y DELITO DE SEDICIÓN

La sentencia del juicio del proceso golpista preveía condenas de entre 9 y 13 años de cárcel para los nueve golpistas. A cuatro de ellos se les condenaba por malversación ya todos por sedición. Un delito que apenas se ha tocado desde el siglo XIX.

En España, ese delito tiene una pena máxima de 15 años de cárcel. Para cometerlo no es necesario recurrir a la violencia, mientras que en el resto de Europa, sí es necesario. Y, sin embargo, las condenas son mucho más bajas.

En Portugal, ocho años de cárcel a lo sumo. Allí no hay sedición, pero sí delitos equiparables relacionados con los desórdenes públicos y la resistencia a la autoridad. Lo mismo que en Italia y Bélgica, con penas máximas de cinco años de cárcel. En Francia, Alemania y Suiza son aún más bajas: tres años.

Los 15 años de cárcel en España están muy por encima de los seis de la media europea, y que el gobierno español se toma como cifra orientativa.

Si la rebaja de penas saliera adelante, se aplicaría a futuros juicios por este delito. Por ejemplo, si las golpistas Marta Rovira Vergés (ERC) volviera de Suiza o Clara Ponsatí Obiols (JxCat) de Bélgica.

En el caso de los golpistas prófugos: el expresidente del régimen amarillo, Carles Puigdemont Casamajò, y del ex consejero Antonio Comín Oliveres (Toni Comín), el efecto no sería tan claro, porque la justicia también les reclama por otro delito, la malversación.

MAYORÍA ABSOLUTA SIMPLE

En cualquier caso, para reformar la sedición se necesita únicamente «mayoría absoluta» en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, con los socios separatistas, bilduetarras y «Teruel Existe» del Gobierno de coalición sociacomunista de Pedro Sánchez Pérez Castejón, la reforma sumaría el apoyo necesario.

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ CASTEJÓN «TRAIDOR»

El presidente de VOX, Santiago Abascal Conde, ha valorado el anuncio humillante de Sánchez con una sola palabra «traidor», firmó el líder verde en su cuenta Twitter.

Desde Cataluña, el secretario general de VOX y presidente del Grupo Parlamentario de la resistencia al Procés, VOX, en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga Vaz de Concicao, ha cargado muy fuerte contra Sánchez.

«No hay mayor traidor que Sánchez. La historia le juzgará por ello y nosotros mientras defenderemos España», sentenció el secretario General de los verdes.

Mientas, desde la juventud de VOX, la indignación ha sido total. La cuenta Twitter de los Jóvenes de VOX ha publicado la foto de Pedro Sánchez Pérez Castejón cabeza abajo como muestra de su rechazo a la «traición».

«GOBIERNO DE LA GENTE»

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como no podría ser de otra manera ha cerrado filas y ha defendido a su secretario general y presidente del Gobierno socialcomunista.

Desde el PSOE nacional, han dicho en una etiqueta en Twitter que estamos ante un «Gobierno de la gente», en marco de la campaña con la que Sánchez y su partido recorren España para limpiar la imagen del líder socialista.

El PSOE ha confirmado que el viernes 11 de noviembre de 2022, su Grupo Parlamentario y sus socios de la extrema izquierda presentarán la proposición de reforma de la ley de sedición en el Congreso de los Diputados.

«Mañana PSOE Y Podemos vamos a presentar una iniciativa legislativa en el @Congreso_Es para reformar el delito de sedición. 👉 Lo reemplazaremos por un delito homologable al que tienen otras democracias europeas. 📺 @sanchezcastejon en @DebatAlRojoVivo #ElGobiernoDelaGente», firmó el PSOE.