Carta abierta a Sánchez sobre «Ley Celaá»

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), NOVIEMBRE DE 2020. El presidente de Gobierno de coalición socioseparatista y socioetarra de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón (PSOE). Efe

Carta abierta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; a su ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez (Isabel Celaá); y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero Cuadrado, a propósito de sus declaraciones sobre Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), que prohíbe el idioma español (castellano) en toda España, aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 y publicado por el Boletín Oficial de las Cortes el 22 de febrero de 2019 y, en la actual legislatura, el 13 de marzo de 2020, que lleva el nombre de la actual ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España desde junio de 2018: Ley Celaá.

«Asociación por la Tolerancia. Barcelona, 25 de noviembre de 2020. Desde la Asociación por la Tolerancia, dimos ayer publicidad a unas notas de réplica a un artículo publicado a principios de mes por Luz Martínez Seijo, Secretaria de Educación del PSOE.

Recién difundidas, nos encontramos con sendas declaraciones del presidente del Gobierno y de su ministra portavoz que reinciden en los mismos errores. ¿Qué les pasa a los miembros de este Gobierno que están tan mal informados acerca de lo que ocurre en su país? ¿O acaso no se trata de un defecto de información sino de la voluntad de ocultar unas verdades molestas?

Aún a riesgo de repetirnos, nos vemos en la necesidad de rebatir sus afirmaciones acerca de lo que ocurre en Cataluña con la lengua castellana o española.

Tiene razón la ministra Celaá al afirmar que la lengua española no está en peligro en el mundo, dado el elevado número de sus hablantes, y que es oficial en toda España y prevalente en la mayoría de las actividades culturales y económicas. Afirma también, que es vehicular en Vascongadas y en Cataluña, aunque matiza que, en esta última, en ciertos niveles y materias. Hoy hemos sabido, además, que la ministra defendió el carácter vehicular del español y cambió el currículum establecido por Ibarretxe en ese sentido. De manera que sabe muy bien por qué y contra qué intenciones estamos defendiendo el carácter vehicular de la lengua española.

Ahora bien, el castellano o español no es lengua vehicular en ningún centro público de Cataluña, salvo en algunos casos excepcionales en los que las familias han conseguido un pronunciamiento favorable de los tribunales. En tales casos, se imparte en español, en las clases donde se encuentran los afectados, un 25% de los contenidos curriculares (y las autoridades procuran que se trate siempre de materias de menor importancia y peso horario). Para conseguir ese objetivo, las familias deben pasar por un viacrucis interminable: soportar las presiones de los centros para disuadirles, a veces enfrentarse a motines populares inducidos (en ocasiones inducidos incluso por las autoridades locales), costearse un proceso judicial y confiar en una sentencia favorable.

En este enlace pueden encontrar un estudio de campo completo, realizado por la asociación AEB, de todos los proyectos educativos de los centros de Cataluña, donde se demuestra el nulo peso del español en la escuela catalana. El Estatuto de Autonomía y la LEC determinan que el catalán es la lengua de uso (y de enseñanza) normal en la escuela. El castellano o español, por supuesto, está presente como asignatura, pero con peso horario inferior al de las lenguas extranjeras.

Por su parte, el presidente del Gobierno en rueda de prensa desde la Moncloa, el domingo pasado día 22, manifestó que el haber retirado el carácter vehicular del español del proyecto de Ley de Educación tenía por objeto “cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa de 2006 y 2017”, porque el Gobierno “considera que la pluralidad lingüística no es un pasivo, sino un enorme activo para el conjunto de la sociedad”. El rotativo La Gaceta de Salamanca titulaba con sorna: “El Gobierno dice que la expulsión del castellano como lengua vehicular garantiza que los alumnos “aprendan dos idiomas”. Esa es la forma interesada de concebir la pluralidad o diversidad por los nacionalistas: España diversa, Cataluña, homogénea.

Pues bien, debemos recordarle -tal como hacíamos ayer con su Secretaria de Educación- que el Consejo de Europa, en informe específico acerca de la situación en Cataluña, no contempla que se deba establecer la enseñanza obligatoria en la lengua minoritaria para todos los alumnos, sino sólo para aquellos que así lo pidan.

Afirmó también el presidente que, de acuerdo con la Constitución, hay cuatro lenguas oficiales en España y que “la obligación del Estado y las instituciones es garantizar la enseñanza de esas cuatro lenguas cooficiales” (se entiende que, al margen de la española, cada una de las tres restantes en sus respectivas CCAA). Sin duda, pero de nuevo hay que distinguir entre enseñar esas lenguas y enseñar en esas lenguas. La enseñanza de las lenguas cooficiales está garantizada en España. Nuestra nación ha firmado la versión más exigente de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, cosa que no han hecho otros países europeos menos comprometidos con el plurilingüismo. Sin embargo, como hemos visto, ese compromiso no implica la exclusión del castellano o español como lengua de enseñanza en las comunidades con otras lenguas.

Y la doctrina constitucional abunda en ese mismo principio. La Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (BOE 16 de julio de 2010), conocida como sentencia del Estatuto, lo reitera sucesivas veces en distintos párrafos:

El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña…

Pero desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular v de aprendizaje en la enseñanza…

Hemos descartado desde un principio toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza.

En este sentido, nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza.

El asunto no puede estar más claro, ni Europa, ni la Constitución sirven como pretexto para satisfacer las aspiraciones monolingüistas (estas sí) de los nacionalismos. No es un asunto de la derecha, somos muchas las organizaciones apartidistas que en Cataluña y en otros puntos de España reclamamos lo mismo. También desde sus propias filas, se alzan numerosas voces en ese sentido. No deberían dejar de leer el informe En defensa de la escuela pública, laica y plurilingüe: manual contra argumentarios interesados, publicado en Diario Progresista.

Si lo que ocurre es que no pueden hacer nada, porque las competencias fueron transferidas, porque los Estatutos autonómicos lo impiden o por falta de consenso, díganlo abiertamente y dejen de fingir que gobiernan y de echarle la culpa a los adversarios, ya que tanto gobiernos de derechas como de izquierdas han utilizado las transferencias y han hecho concesiones, democráticamente inaceptables, a los nacionalismos como moneda de cambio para conservar el poder, porque lo único que se consigue así es seguir perjudicando a los más desfavorecidos.

Si dejamos clara la naturaleza del problema, en nuestra opinión, se abrirán caminos para resolverlo».

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