Lasvocesdelpueblo y agencias.- Científicos globalistas, especializados en contaminación atmosférica, consultados por Efe ven incomprensible la sentencia del TSJC que anula la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y defienden que es una medida que se aplica ya en ciudades europeas y que ven imprescindible porque «salva vidas».
La Zona de Bajas Emisiones, que entró en vigor en enero de 2020, limita la circulación de los vehículos más contaminantes dentro de la ciudad de Barcelona durante los días laborables con la intención de reducir la excesiva contaminación atmosférica de la capital catalana.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido seis resoluciones que dan parcialmente la razón a los recursos contra la ZBE presentados por la Asociación Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, el Gremio Provincial de Talleres de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Barcelona, la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV) o la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña (AUDICA).
El tribunal entiende que la ordenanza tiene deficiencias en su elaboración, por la falta de informes determinantes y por ser excesivo el ámbito geográfico de aplicación y el tipo de coches excluidos.
En declaraciones a Efe, el geólogo y especialista en contaminación atmosférica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Xavier Querol considera que la anulación de la ZBE «es una muy mala noticia», y denuncia que «algunas partes de la sentencia no son ciertas, como que las medidas deberían centrarse en el puerto».
«El puerto genera el 5-10 % de las partículas en suspensión, mientras que el tráfico supone el 35 % del total, y en cuanto al óxido de nitrógeno el puerto aporta menos del 10 %, un porcentaje muy inferior al 70 % que comporta el tráfico», detalla el geólogo.
«Esto no quiere decir que no debamos controlar las emisiones de los puertos, pero tampoco hay que subestimar las consecuencias medioambientales de los vehículos», añade.
Pese a reconocer que la sentencia responde, en parte, a los efectos colaterales socialmente discriminatorios de la ZBE, como las dificultades económicas de muchas personas para renovar su vehículo, Querol lamenta que los magistrados hayan anulado la ordenanza en lugar de pedir la reducción de estos factores discriminatorios.
Los vehículos afectados, entre ellos los diésel de antes del 2004, tienen unas emisiones de partículas contaminantes que la OMS catalogó en junio del 2012 como cancerígenos de nivel 1, es decir, con un grado muy elevado de emisión de partículas cancerígenas.
El experto del CSIC defiende que, al ser una medida que se aplica a vehículos anteriores al 2004, de hace 18 años, «no afecta a tanta gente, porque pocas personas usan diariamente un coche tan antiguo para ir a trabajar».
Querol afea, sin embargo, a las administraciones competentes que no hayan preparado un sistema de subvenciones para atenuar los efectos de la ordenanza sobre las personas con dificultades para cambiar de vehículo.
El especialista en contaminación ambiental pone en valor que la medida, que se aplica en 280 regiones europeas, ya ha logrado reducir un 3 % de vehículos muy contaminantes en la ciudad, y que la disminución iba a ser mayor en 2022 por el fin de las moratorias.
PROBLEMAS DE SALUD CAUSADOS POR LA POLUCIÓN
«Cada vez existen más evidencias de los problemas de salud que causa la contaminación y la importancia de las reducciones de la circulación de ciertos vehículos para menguar estos impactos tanto a nivel de salud como medioambiental», explica a Efe el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona Xavier Basagaña.
Para este investigador, la ZBE es «un primer paso» para reducir los vehículos contaminantes en la capital catalana, y puntualiza que «es difícil conocer el impacto de esta medida en el marco de la pandemia, que ha generado cambios en la movilidad de las personas».
Pese a la sentencia del TSJC, Basagaña confía en que en que la ZBE se mantenga, sobre todo porque «la ley española de cambio climático tiene previsto implementar esas zonas en más ciudades españolas» y porque «la experiencia de estas medidas en distintas ciudades europeas avala la necesidad de esta normativa».
Por su parte, el catedrático de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) José María Baldasano critica, en declaraciones a Efe, que la sentencia «prioriza el derecho a la movilidad por delante del derecho a la salud».
El catedrático sospecha que «no ha habido un análisis para demostrar cuál de los dos tiene una prioridad», y advierte que reforzar el derecho a la salud implica menos gastos sociales.
«Barcelona tiene un parque de vehículos muy antiguo, con una antigüedad media de 13 años, que debería actualizarse por razones de seguridad y para rebajar las emisiones», asevera el ingeniero ambiental.
Baldasano subraya, en contra de la opinión del TSJC, que el Ayuntamiento de Barcelona ofrecía 10 días al año para que los vehículos con restricciones de movilidad pudieran transitar por la ciudad.
«La anulación de la ZBE es un error. Es una medida que prioriza respirar aire de calidad y que pretende solucionar parte de los problemas de contaminación crónica y sistemática diaria en Barcelona, una ciudad en la que cada año hay 3.000 muertes inducidas por la contaminación atmosférica», concluye Baldasano.
