Lasvocesdelpueblo y Agencias – Según vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (ERC), la nueva «Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos» «trabajará independientemente de la ideología» de quienes denuncien vulneración de derechos, y se posicionará cada vez que se produzca una «restricción» de los mismos, por ejemplo, ha dicho, debido a la «ley mordaza». Barcelona (España), jueves 18 de octubre de 2018. fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), 17.10.2018. vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, preside el acto de conmemoración de los diez años de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), que tiene lugar hoy en Barcelona. Efe
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha expresado este miércoles, 17 de octubre de 20018, el compromiso de que la nueva Oficina para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos actúe «al margen de las ideologías» y vele por evitar que se produzcan vulneraciones tanto desde la Administración catalana como desde otros ámbitos.
En una comparecencia ante la comisión de Economía del Parlament, Pere Aragonès ha recordado que las oficinas de derechos civiles y políticos «están presentes en gobiernos de todo el mundo», y que ahora «parecen más necesarias que nunca ante el resurgimiento de los populismos de derecha, y los abusos que se producen para el control de los ciudadanos con las nuevas tecnologías».
«Derechos políticos personales que creíamos asentados, como son los de expresión, reunión y manifestación, y otros de carácter colectivo recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas como el de autodeterminación, vemos que están siendo vulnerados», ha alertado el vicepresidente.
Según Aragonès, en el caso concreto de Cataluña, «agresiones por parte de fuerzas policiales a ciudadanos que querían votar, o agresiones a periodistas o a personas que lucían unos determinados símbolos políticos» suponen «evidentes vulneraciones» de derechos.
Frente a vulneraciones y posibles abusos, el vicepresidente ha considerado que «hace falta una oficina en el Govern que tenga una visión transversal y haga seguimiento en todas las áreas, incluidas las de seguridad ciudadana y la administración de justicia».
Ha calificado como de «fundamental» que dependa de su conselleria, la de Vicepresidencia, «precisamente para que tenga un carácter transversal», y ha defendido la idoneidad del primer director de la nueva oficina, el exdirigente de la CUP Adam Majó.
Majó y la nueva oficina establecerán «relaciones con organismos diversos que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales, promoverá campañas de divulgación» y además, ha confirmado, «efectuará el seguimiento de actuaciones» de los departamentos de Interior, Justicia y Acción Exterior y Relaciones Institucionales.
Según Pere Aragonès, la oficina «trabajará independientemente de la ideología» de quienes denuncien vulneración de derechos, y se posicionará cada vez que se produzca una «restricción» de los mismos, por ejemplo, ha dicho, debido a la «ley mordaza».
Desde Ciudadanos, Manuel Rodríguez ha sido muy crítico con la oficina, a la que ha denominado como «un comisionado político del Govern» y «un chiringuito» y ha cuestionado el nombramiento de Majó.
En cambio, por parte del PSC Alícia Romero ha recordado que ya hay oficinas de este tipo que funcionan desde hace años, como la del Ayuntamiento de Barcelona, y ha considerado que puede resultar útil, por lo que «bienvenida sea, y sólo deseamos que trabaje con la máxima independencia y autonomía».
El diputado de Catalunya en Comú-Podem David Cid ha elogiado también que se haya creado la oficina, si bien ha dicho que su grupo hubiese preferido que no dependiera del Govern, sino del Parlament.
Natàlia Sànchez, de la CUP, se ha preguntado si la oficina será capaz de actuar ante vulneraciones ocurridas «desde la propia Administración» de la Generalitat, y más en concreto «ante casos de violencia policial de los Mossos d’Esquadra».
Para el diputado del PP Santi Rodríguez, la oficina puede acabar siendo «otro chiringuito más del proceso, para fundamentar su relato».
Por el contrario, desde los grupos que apoyan al Govern, Gemma Geis, de JxCat, ha indicado que la oficina «está más que justificada» y Assumpció Laïlla (diputada del grupo de ERC) ha cuantificado que en el último año han tenido lugar en Cataluña «149 incidentes violentos, de los cuales 86 son agresiones físicas de la extrema derecha».
