Efe – Si así fuera, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado a partir de mañana mismo por el vicepresidente Michel Temer, quien debería completar el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 en caso de su definitiva destitución. El Senado brasileño, en una maratoniana sesión que deberá concluir la madrugada de este jueves, comenzó hoy a inclinarse claramente en favor de celebrar un juicio político que suspenderá a la mandataria Dilma Rousseff durante al menos 180 días. Brasilia, 11 mayo 2016. Fotografía: La sesión plenaria del Senado brasileño que define el futuro político de la presidenta Dilma Rousseff fue registrada este miércoles, en Brasilia (Brasil). Efe.
Cuando casi se habían cumplido las primeras once horas de la sesión que decidirá el futuro de la presidenta, 23 de los 27 senadores que habían ocupado la tribuna declararon su inclinación a aprobar el juicio político, que suspendería a Rousseff del cargo durante los seis meses que puede durar el proceso. En contra del llamado «impeachment» sólo se habían pronunciado cuatro oradores, pero el resultado que se insinuaba aún no podía ser considerado definitivo, pues el pleno del Senado tiene 81 miembros y es necesaria una mayoría simple de 41 votos para aprobar el proceso.
Los únicos senadores que hablaron contra el proceso fueron Angela Portela, Jorge Viana y Fátima Bezerra, todos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Telmário Mota, del Partido Democrático Laborista (PDT), una de las pocas formaciones que permanecen en la menguada base política de Rousseff.
En sus discursos, insistieron en la tesis de que en Brasil está en marcha un «golpe contra la democracia», a pesar de que hoy mismo la Corte Suprema, en su carácter de tribunal constitucional, avaló el desarrollo del proceso al negar un último recurso intentado por la Abogacía General del Estado, que defiende a Rousseff.
La demanda exigía la «nulidad» de todo el proceso y alegaba para ello supuestos «vicios» detectados desde el propio inicio, pero fue negada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del tribunal. El principal argumento de la demanda era un supuesto «desvío de finalidad» cometido en diciembre por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff que aceptó a trámite las denuncias contra la presidenta.
En su decisión, Zavascki indicó que los alegatos de la defensa de Rousseff, que acusa a Cunha de actuar por «venganza», están basados en informaciones periodísticas que pueden ser fácilmente contestadas. «No hay cómo identificar en un sinfín de titulares un conjunto probatorio capaz de demostrar, de forma jurídicamente incontestable, que aquellas iniciativas (de Cunha) hayan superado los límites de la oposición política, que es legítima, y hayan herido la validad del proceso de ‘impeachment'», aseguró el magistrado.
En el Palacio presidencial de Planalto, situado en la acera opuesta al Senado, a medida que avanzaba la votación y se percibía su posible resultado, Rousseff aceleraba la mudanza de las pocas pertenencias que aún conservaba en su despacho. Según comprobó Efe, objetos de la mandataria, como cuadros o adornos, fueron llevados hoy hacia el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en la que se atrincherará durante el eventual juicio político.
También han sido instaladas unas cercas en torno a la rampa que conduce desde la acera hasta el primer piso del Palacio de Planalto, en previsión de que mañana, una vez notificada la decisión del Senado, Rousseff abandone la sede de la Presidencia, que deberá alojar a Temer como nuevo inquilino. Rousseff, junto a su jefe de Gabinete, Jaques Wagner, llegaron a asomarse a una de las ventanas del palacio y pasaron un tiempo observando esos preparativos.
La rampa, cercada ahora con vallas, tiene una simbología importante en la política brasileña, pues es tradición que por ella suba un presidente cuando inicia su mandato, pero que baje sólo cuando concluye su gestión. Fuentes oficiales han dicho que en los últimos días ha habido polémicas al respecto en el seno del Gobierno, pues hay quien cree que Rousseff debería bajar por esa rampa mañana, aunque otros dicen que eso transmitiría una imagen de derrota y fin de mandato.
Los defensores de esa última opción sostienen que Rousseff aún pudiera recuperar el poder si fuera absuelta en el juicio político que previsiblemente abrirá el Senado, que puede durar los 180 días durante los que estaría suspendida de sus funciones.
