El Tribunal de Cuenta fiscalizará el aparato de propaganda separatista en el exterior (DIPLOCAT)

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Lasvocesdelpueblo y Agencias – Se llama «Consejo de Diplomacia de Cataluña», en lengua inglesa, «Diplomacy Council of Catalonia» (Diplocat). La iniciativa busca que la Generalidad de Cataluña “rinda cuentas” por el dinero que se han desviado a acción exterior en este años de “despilfarro” de dinero público y de “deslealtad” a los catalanes. “Esperamos que este informe ilumine esta gestión de la Generalitat y nos permita a todos saber cómo se ha utilizado nuestro dinero”. Se trata del llamado DIPLOCAT), una herramienta antiespañola que usa el separatismo fuera de las fronteras de España desde el pasado año 2011 para “internalizar el proceso separatista”, alegaba el gobierno de Artur Mas Gavarró. Madrid (España), miércoles 27 de diciembre d e2017. Fotografía: captura-pantalla-de-la-nota-de-prensa-del-diplocat-sobre-la-adhesion-de-coca-cola-lasvocesdelpueblo

La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas -formada por representantes del Congreso y del Senado- ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP para que este organismo fiscalice el gasto de la institución secesionista del separatismo fuera de las fronteras de España denominada (Diplocat), entre los años 2011 y 2017.

La propuesta ha sido aprobada con los votos del PP, del Grupo Socialista y de Ciudadanos, mientras que Podemos y el PNV se ha opuesto.

El Diplocat se encuentra disuelto por el gobierno español en el marco de las medidas del 155.

Los populares quieren que el informe detalle el uso de dinero público en acción exterior por parte de la Generalidad “para internacionalizar el proceso”.

El diputado del PP Jordi Roca ha acusado al gobierno catalán de hacer “supremacismo” utilizando unas exportaciones de Cataluña que “ya se producían antes” y ha pedido que se ponga punto y final a las “duplicidades” en este caso.

La iniciativa busca que la Generalidad “rinda cuentas” por el dinero que se han desviado a acción exterior en este años de “despilfarro” de dinero público y de “deslealtad” a los catalanes.

En la imagen, el consejero de exterior del gobierno separatista catalán, Raul Romeva (i), seguido del secesionista de JxSí Albert Royo Mariné, el secretario General del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña Secretario General de la institución separatista catalanista conocida como Consejo de Diplomacia de Cataluña, en lengua inglesa, Diplomacy Council of Catalonia (Diplocat) junto a dos diputados del Parlamento finlandés este miércoles 26 de octubre de 2016. Foto facilitado en Twitter por el Diplocat. Lasvocesdelpueblo.

“Esperamos que este informe ilumine esta gestión de la Generalitat y nos permita a todos saber cómo se ha utilizado nuestro dinero”, afirmó Roca.

La senadora separatista del PNV María Dolores Extano ha expresado su oposición y ha recordado que las políticas del Gobierno separatista catalán han permitido batir récords de exportación, y el diputado de Unidos Podemos de Pablo Iglesias, Joan Mena, ha acusado al PP de querer resolver el conflicto de Cataluña “por la vía de la judicialización, la fiscalización y la sanción” y no “por la vía del acuerdo político”.

La iniciativa, afirmó “está dentro de la estrategia punitiva del gobierno de Rajoy contra las instituciones catalanas”.

Por el contrario, el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez ironizó que si la acción exterior del Gobierno separatista ha sido “maravillosa” la Generalidad “no tiene nada que ocultar”.

Ramírez ha recordado que la acción exterior diplomática es competencia exclusiva del Estado. “Mi grupo está a favor de fiscalizar los fondos que puedan suponer un despilfarro del dinero del conjunto del Estado”, ha dicho CIUDANOS Cs.

La iniciativa ha obtenido el apoyo del Grupo Socialista.

El diputado Antonio Hurtado afirmó que la fiscalización “es un mecanismo de garantía del Estado de derecho”, y la iniciativa busca “tratar de controlar si los recursos públicos se han gestionado de la manera adecuada, conforme a la ley para actividades legales y asumiendo competencias propias “.

Cualquier incumplimiento, afirmó, supone “responsabilidades contables” para sus autores que “exigen resoluciones contundentes por parte del Tribunal de Cuentas para reparar los daños al erario público”.

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