Lasvocesdelpueblo y Agencias – En la resolución el magistrado señala que la petición del consistorio español en manos de la alcaldesa extremista podemita ex okupa, Ada Colau Ballano, no cumple las exigencias legales. En este sentido, el juez ha denegado hoy al Ayuntamiento de Barcelona la autorización para entrar en el Centro de Internamiento de Inmigrantes –sin papeles– de la Zona Franca de Barcelona (CIE). Sin embargo, Ada Colau no da su brazo a torcer y ha afirmado hoy mismo también que los servicios jurídicos municipales (Barcelona) estudiarán enviar un requerimiento de cierre inmediato al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que va a recurrir el auto por un juez que les ha negado el permiso para inspeccionar el CIE. Barcelona (España), miércoles 20 de julio de 2016: Fotografía: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Archivo Efe.
En la resolución, el magistrado destaca que existen «serias dudas «sobre la competencia del Ayuntamiento para ordenar el cierre del centro por no disponer de licencia de actividad
El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Barcelona ha denegado al Ayuntamiento de Barcelona la autorización para inspeccionar el (CIE) de la Zona Franca después de que la policía Nacional impidiera el acceso a los podemitas extremistas inspectores municipales junto a una letrada del Ayuntamiento de Barcelona; la pasada semana del 12 de julio de 2016. En el acta, el juez señala que la petición del Ayuntamiento no cumple las exigencias legales y ha dado cumplimiento a la resolución del pasado 4 de julio por la que se ordenó el cese de la actividad del CIE de la Zona Franca.
El juez subraya que «llama especialmente la atención» que la petición para acceder al centro haya solicitado para comprobar si se había ejecutado la orden de cierre y añade que la reapertura «es un hecho público y notorio» porque el centro ya ha comenzado a recibir los primeros internos tras la finalización de las obras, «de ahí que para comprobar esta circunstancia no se requiera la autorización solicitada».
En la resolución, el magistrado destaca que existen «serias dudas «sobre la competencia del Ayuntamiento para ordenar el cierre del centro por no disponer de licencia de actividad. Además, señala que el Ayuntamiento tenía conocimiento de la actividad del centro desde que en 2005 se concedió una licencia de reforma y rehabilitación del edificio para destinarlo al CIE y destaca que no se ha pedido la licencia hasta ara.
El Ayuntamiento de la Ciudad Condal española había enviado hasta dos ocasiones inspectores municipales en el CIE para comprobar si volvía a tener internos después de que Gobierno en funciones de la patria reabriera el centro una vez finalizadas las obras. En las dos ocasiones, los agentes de la policía española habían impedido la entrada de los inspectores en el centro, donde llegó un interno como mínimo.
El Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau estudia enviar un requerimiento de cierre al CIE y estudia recurrir la decisión del Tribunal
En declaraciones a los periodistas, el extremista teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha afirmado que el auto dictado hoy por el juzgado contencioso administrativo número 2 de Barcelona reconoce que el CIE ha reabierto y tiene actividad, por lo que ya no será necesaria una inspección y los servicios jurídicos valorarán si le envían una orden de cierre.
Jaume Asens, que ha subrayado que el Ministerio del Interior no ha presentado todavía ningún recurso de alzada contra la resolución municipal que ordena el cierre del CIE, para lo que tiene un mes de plazo, ha augurado que este pleito judicial con el Ministerio se puede prolongar durante más de un año. En ese sentido, ha explicado que, si los servicios jurídicos acreditan que el centro de internamiento está en funcionamiento, la orden de precinto «será más inminente», aunque ha recalcado que los técnicos y juristas quieren ser «muy cautelosos».
El teniente de alcalde ha reiterado que, aunque la resolución de la juez indica que el CIE ha estado en funcionamiento sin la licencia adecuada durante 10 años, eso no exime al Ministerio del Interior de «cumplir los requisitos de seguridad ni de responsabilidad». «En el momento en el que la administración tiene conocimiento y toma conciencia de esta situación, tenemos la obligación legal de actuar, sino podríamos llegar a tener responsabilidades si se pusiera en peligro la integridad física de las personas internas», ha opinado.
Asens ha augurado que el Ministerio de Interior presentará un recurso, pero en el caso de que no lo hiciera, la sentencia del cierre sería firme, lo que limitaría las opciones del juez para no clausurar el CIE, ha opinado. Frente a las declaraciones del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha negado la obligación de tener licencias para mantener el funcionamiento del centro, Asens ha dicho que la prueba «evidente» de que sí que es necesaria esta documentación es que el CIE de la Zona Franca tenía licencia de comisaría.
Por otro lado, Asens ha afirmado que la juez se ha «extralimitado» valorando si el Ayuntamiento tenía competencia para reclamar el cierre del CIE, pero ha asegurado que su opinión «no invalida el procedimiento que están llevando a cabo».
