Agencias – Las diferencias ideológicas entre secesionistas antiespañoles de la jerarquía infecta catalanista de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) de Juntos Por El Sí (JxSí) –Derechas– y los secesionistas extremistas anticapitalistas de candidatura de Unidad Popular (CUP) sobre una eventual subida de impuestos a las rentas más altas amenazan con bloquear un acuerdo sobre los presupuestos para el año que viene, como ya ocurrió con el proyecto presupuestario para 2016. Barcelona (España), martes 4 de octubre de 2016. Fotografía: El presidente separatista, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras (i), durante la reunión del gobierno catalán, que se celebra un día después de que la fiscalía haya pedido diez años de inhabilitación al expresidente Artur Mas y otros nueve a las ex consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, por haber organizado desde el Govern la consulta soberanista del 9N de 2014. Efe.
Representantes de la consejería de Economía que dirige el presidente de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras Vies, y de la CUP negocian discretamente desde principios de enero para intentar alcanzar un acuerdo que permita aprobar las cuentas para 2017.
Sin embargo, a un día de que arranque el debate de política general en el Parlamento autonómico español en Cataluña, los diferentes enfoques evidenciados hoy por el gobierno autonómico separatista de JxSí y la CUP en política fiscal dan a entender que en este momento nadie da por hecho un acuerdo que ya embarrancó en la negociación presupuestaria del pasado junio.
De entrada, el expresidente secesionista catalanista, el delincuente Artur Mas Gavarró, ha marcado un límite negociador con la CUP al rechazar de plano que los presupuestos del gobierno de JxSí para 2017 contemplen una subida de impuestos.
Artur Mas ha advertido de que Cataluña ya soporta «los impuestos más altos de todo el Estado», por lo que no hay que subirlos todavía más por el simple hecho de que a la CUP eso «se le pase por la cabeza»: «No podemos convertir Cataluña en un país de hiperpresión fiscal».
Posteriormente, la consejera de la presidencia, Neus Munté, ha dejado claro que el gobierno autonómico secesionista de JxSí no se plantea una subida de impuestos en los presupuestos para 2017.
«En Cataluña existe un nivel de presión fiscal que consideramos muy alto, excesivo, especialmente en determinados grupos», ha dicho Munté, que ha puntualizado que el «objetivo» del gobierno de JxSí sería rebajar la presión fiscal «a las rentas más bajas» pero «las circunstancias no lo ponen fácil».
Ningún portavoz de ERC se ha querido pronunciar hoy en esta misma línea y han preferido guardar silencio: «ERC busca consensos», se han limitado a indicar fuentes republicanas.
En cambio, la CUP ya ha advertido de que insistirá en que en los presupuestos para 2017 apuesten por «la redistribución de la riqueza» con más impuestos a los que posean más ingresos y patrimonio y, así, se amplíe la franja superior del IRPF.
El diputado de la CUP Benet Salelles ha anunciado que su formación defenderá que «paguen más los que más tienen» y ha recordado que la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión refleja que el 76% de los catalanes están de acuerdo en incrementar los impuestos a las personas con rentas más altas y más patrimonio.
En las propuestas de resolución que presentará la CUP en el debate de política general, se insta a que dentro de la «ley de acompañamiento» de los presupuestos se modifique el tramo autonómico del IRPF a fin de «hacerlo más progresivo», aumentándolo «por la banda superior» y «reduciendo las deducciones existentes».
La CUP también aboga por eliminar el mínimo exento de tributar por el impuesto de patrimonio y por «retornar a la regulación existente el año 2008» en el impuesto de sucesiones y donaciones.
En el debate de política general que se celebrará entre mañana y el jueves en el Parlamento autonómico, según Munté, el gobierno autonómico de JxSí espera dar continuidad a la «cadena de confianzas» iniciada la semana pasada con el voto a favor de los diez diputados de la CUP a Carles Puigdemont, cuando el president puso como condición un pacto presupuestario para no avanzar elecciones.
Otro de los puntos calientes a negociar en este debate de política general será la concreción del referéndum que Puigdemont tiene intención de convocar para septiembre de 2017.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido al president que reconozca que plantear un referéndum es «volver atrás» y ha constatado que «desgraciadamente» esta iniciativa centrará el debate que arranca mañana con la intervención de Puigdemont.
El PSC, por su parte, prepara unas propuestas de resolución que «apostarán por el diálogo y mejora del autogobierno», en contraste con un Govern «prisionero de la CUP» y centrado en «mantener la tensión con el Estado».
El gobierno secesionista tiene esperanzas de alcanzar algún tipo de acuerdo sobre el referéndum no sólo con la CUP sino también con Cataluña Sí Que Se Puede (CSQP), en cuyas propuestas de resolución provisionales elude hablar de referéndum «pactado o acordado» con el Estado.
Por su parte, el PP Catalán presentará una batería de propuestas de resolución en las que propondrá que Cataluña «cumpla las reglas del juego» constitucional y dimensionará las relaciones internacionales que ha de tener el gobierno secesionista ante la Generalidad de Cataluña.
