Más de 500 mil trabajadores en Cataluña no pueden llevar una vida digna

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Un trabajado en un bar de Barcelona atiende a los clientes. Archivo Efe

Efe – Más de medio millón de trabajadores en Cataluña, 30.000 más que en 2015, son “pobres”, es decir, no ingresan lo suficiente para llevar una vida digna, según alerta un informe que ha presentado hoy la Mesa del Tercer Sector Social. Barcelona (España), martes 12 de diciembre de 2017. Fotografía: Un trabajado en un bar de Barcelona atiende a los clientes. Archivo Efe

El informe, titulado “Empleo de calidad: una respuesta al fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres”, ha sido coordinado por la doctora y profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad de Lleida, Maria Àngels Cabasés, quien ha destacado que “las políticas de empleo sólo han servido para combatir tasas de paro, pero no para ofrecer un trabajo decente”.

Según el informe, las personas con precariedad laboral presentan un riesgo entre 2 y 7 veces mayor de sufrir depresión.

El informe revela que 234.600 asalariados ganaron el año pasado un salario medio mensual inferior a 710 euros, de los que el 90% tenían una jornada a tiempo parcial, y otros 240.700 empleados cobraron un salario medio mensual entre 710 y 1.002 euros, de los cuales un 51,1% tenían contrato a tiempo completo.

El informe recuerda que el salario para poder llevar una vida decente es de 1.171 euros, según fija la Carta Social Europea, una cifra que no alcanzan más de medio millón de trabajadores en Cataluña, donde el salario medio mensual bruto se sitúa en 1.952 euros.

Cabasés ha explicado que la recuperación económica no se traduce en creación de empleo “neto y de calidad”, y ha destacado que sigue habiendo una elevada tasa de desempleo juvenil, que crece la tasa de temporalidad y de parcialidad de los contratos laborales, que abundan los bajos salarios, la imposibilidad de acceder a una vivienda y se reducen los recursos destinados a sistemas de protección social.

También ha subrayado que “el trabajo es un promotor de inclusión social y de salud mental y, para que así sea, es necesario que las variables relacionadas con la retribución económica, la estabilidad laboral, la confianza y la seguridad se den de forma coherente y segura”.

Según la tasa de riesgo de pobreza elaborada por Instituto Nacional de Estadística, en Cataluña en 2016 un 12,6% de hombres ocupados (218.500) y el 11,2% de mujeres ocupadas (167.100) tienen una renta disponible equivalente por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, unas 385.000 personas en total.

El informe alerta que los bajos salarios provocan “un elemento más de vulnerabilidad” respecto a crisis pasadas y que el puesto de trabajo, como espacio que articulaba vidas e identidades de las personas, se convierte en un espacio “mucho más competitivo, meritocrático, inestable e inseguro, y propicia la estrategia de renovar constantemente los conocimientos o de adquirir otros nuevos como estrategia para ascender laboralmente”.

Ante esta situación, la Mesa del Tercer Sector ha alertado de que la precariedad laboral “se convierte en una importante dimensión como problema de salud, ya que implica restricciones a la conformación de identidades colectivas y, por defecto, la realización personal”.

También avisa de que los trabajadores bajo condiciones precarias ven aumentado el riesgo de sufrir enfermedades, lesiones o accidentes de trabajo y de que las dificultades económicas contribuyen de manera significativa en una peor salud mental.

La Mesa del Tercer Sector pide que el debate del empleo de calidad se sitúe en el centro de las políticas públicas y considera “absolutamente imprescindible y urgente” un nuevo marco de relaciones laborales en Cataluña.

El informe incluye 36 propuestas para hacer frente a la precariedad laboral y apostar por el empleo de calidad, como reducir la temporalidad limitando los contratos temporales a causas justificadas y combatir, perseguir el fraude en su utilización, y limitar el encadenamiento de estos contratos.

También propone garantizar un nuevo marco de calidad que no permita que los períodos de prácticas y aprendizaje se utilicen como mano de obra barata o gratuita.

Coordinar actuaciones entre sindicatos, agentes económicos y administración pública para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional y continuar con el desarrollo de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que incluya la problemática de los “trabajadores pobres”, son otras de las propuestas.

El informe también pide garantizar la cobertura social de las personas que ya han agotado las prestaciones por desempleo y a los mayores de 55 años una cobertura que mantenga sus derechos a la pensión de jubilación.

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