Redacción.- Barcelona (España), miércoles 7 de julio de 2021. Convivencia Cívica Catalana ha solicitado al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad frente al Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), y ha solicitado a la Intervención de la Generalidad de Cataluña que «bloquee el cumplimiento del mismo, por ser gravemente lesivo para el interés público».
Ante la publicación del Decreto-Ley 15/2021, de 6 de julio de 2021, de creación del FCRCAT, que da cobertura jurídica al pago de las fianzas de un total de 5.422.411,10 euros a los 34 ex altos cargos de los gobiernos del Procés, desde 2011 a 2017, por promocionar el Procés fuera de las fronteras del Reino de España con dinero público, CCC «sigue con sus actuaciones jurídicas», apuntan fuentes de la entidad catalana.
El FCRCAT —creado por el presidente del Gobierno de coalición de la Generalidad de Cataluña de ERC y JxCat apoyado en CUP con fondo de 10.000.000 de uros del dinero público— no solo servirá no solamente para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas contra los procesados por promover el procés en el Extranjero —todos los presidentes de los Ejecutivos de la Generalidad de Cataluña durante el Procés, Artur Mas Gavarró y Carles Puigdemont Casamajò; todos los vicepresidentes, Oriol Junqueras Vies, todos los consejeros de Presidencia, Neus Monté, Jordi Turull, etc.; todos los consejeros de Economía y Hacienda, Andreu Mas-Colell; los consejeros de Exteriores, Raúl Romeva Rueda; los responsables del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) hasta la fecha de su disolución por a Justicia en aplicación del Artículo 155 de la Constitución en Cataluña en 2017; entre otros— sino que la iniciativa independentista cubrirá los gastos de cualquier delincuente de la Generalidad condenado por la Justicia. Y es que no se descarta que el FCRCAT sirve también de aval para los terroristas callejeros del independentismo: Tsunami Democrátic; Comité de Defensa de la República Catalana (CDR), además, las entidades secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ACN) y Ómnium Cultural.
La sociedad civil catalana reitera que «dichos gastos no pueden ser asumidos de ninguna manera por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, toda vez que se está acusando a los encausados de desviar ilegalmente dinero público para fines que no son los previstos, hecho éste que manifiestamente antijurídico».
Para CCC, «la garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductas manifiestamente ilegales de éstos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma manifiestamente ilegal», agrega.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña «es plenamente consciente de que está actuando ilegalmente, y por ello ha amparado su actuación en un Decreto-Ley, forma jurídica que impide que sea impugnado directamente en los tribunales ordinarios».
Por ello, la entidad catalana ha instado al Defensor del Pueblo a que interponga Recurso de Inconstitucionalidad frente al referido Decreto-Ley, ya que es uno de los legitimados para hacerlo.
En su escrito, que adjuntamos, Convivencia Cívica Catalana le indica diversos vicios de legalidad que motivan la impugnación. Así mismo, se impugnarán todos los actos administrativos que se dicten en aplicación de dicho Decreto-Ley.
En esta línea, se ha dirigido carta a la Intervención de la Generalitat solicitando que no se aplique dicho Decreto, y solicitando que se nos notifiquen todos los actos de aplicación para ser impugnados.
En palabras del presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, «el Gobierno de Pere Aragonés está actuando con la cuestión de los avales con un nivel de indecencia y falta de decoro más propia de un alzamiento de bienes que de un acto de gobierno; a las surrealistas explicaciones del consejero de economía y su teoría de las cajitas, a que se tenga que explicar que un acto no es malversación en la rueda de prensa de su presentación, se suma el uso abusivo e ilegal de la figura del Decreto-Ley para evitar que la justicia ordinaria pueda examinarlo y dificultar su impugnación; por ello, hemos tenido que pedir amparo al Defensor del Pueblo».
