Lasvocesdelpueblo y Agencia – El ministro de Fomento del Gobierno del presidente Pedro Sánchez anunció que el ejecutivo socialista va a aprobar una serie de medidas para mejorar la situación de esas personas. También el del pasado 14 de junio de otro hombre en el municipio barcelonés de Cornella de Llobregat se arrojó al vacío cuando iba a ser desahuciado. Existe otras situaciones en Madrid, como el desalojo por mandato judicial de una mujer convaleciente de una cesárea y con otros dos menores de 2 y 4 años, que tampoco tenían informes sociales ni alternativa habitacional. Madrid (España), miércoles 28 de noviembre de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 06.09.2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el líder de la formación política de ultraizquierda Podemos, Pablo Iglesias (d), han alcanzado hoy una serie de acuerdos para facilitar la aprobación de los presupuestos, que incluyen una bajada de impuestos a los autónomos y una reducción del IVA de los productos de primera necesidad. Efe
El suicidio de una mujer en Madrid el pasado lunes cuando iba a ser desahuciada por impago del alquiler ha reabierto la polémica sobre la atención a estas personas vulnerables, desigual en función del lugar donde se reside.
Ayer, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció que el Gobierno va a aprobar una serie de medidas para mejorar la situación de esas personas.
El de esta mujer no es un caso aislado y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) recuerda el del pasado 14 de junio de otro hombre en el municipio barcelonés de Cornella, que se arrojó al vacío cuando iba a ser desahuciado.
La asociación, en un comunicado, alude a otras situaciones en Madrid, como el desalojo por mandato judicial de una mujer convaleciente de una cesárea y con otros dos menores de 2 y 4 años, que tampoco tenían informes sociales ni alternativa habitacional.
Añaden que miembros del SAMUR social les informaron que después de ese servicio tenían que ir a otros tres similares, dos de ellos con menores.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer semestre del año hubo 12.398 desahucios, casi 138 al día, un 20 por cien más que en 2017 y de ellos, dos tercios son por impago de alquiler y un tercio por hipotecario.
En septiembre, y después del desahucio de dos ancianos que pernoctaron dos noches en un parque de Oviedo, Asturias se sumó, al igual que otras comunidades, al protocolo del CGPJ para que los juzgados informen de oficio a los servicios sociales de los ayuntamientos y del Gobierno autonómico antes de proceder a la ejecución de un desahucio para que éstos realicen un informe en los casos de vulnerabilidad.
Ante los cambios anunciados por Ábalos, el portavoz de la PAH, Paco Morote, en declaraciones a EFE, exige que haya medidas legislativas similares a las europeas, que protegen más a los inquilinos frente a los impagos y ha agregado que las leyes autonómicas son mejores que la estatal, si bien muchas de ellas están recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno anterior.
La Junta de Castilla y León creó en 2012 una Red de Protección de las Familias, que incluye un servicio integral de apoyo a personas que estén en riesgo de exclusión social por su deuda hipotecaria.
Incluye ayudas para el pago del alquiler y la mediación de la Administración con las entidades financieras para reestructurar la deuda familiar o buscar alternativas a la pérdida de la vivienda.
Los últimos datos de la Junta, correspondientes a 2017, indican que unas mil familias pasaron por el Servicio Integral contra los desahucios (5.184 en cinco años desde que se creó en 2012).
El Tribunal Constitucional levantó el pasado 17 de octubre la suspensión de la ley murciana de vivienda que obliga a los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y fija medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética.
Representantes de 253 Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) se reunieron en septiembre en Cartagena para ultimar su propuesta de ley de vivienda.
Prevé la dación en pago retroactiva, la detención de los desahucios, el alquiler y la vivienda asequible y los suministros energéticos y de agua garantizados.
La principal medida de la Xunta de Galicia es un programa de viviendas vacías, al que los ayuntamientos deben adherirse para que sus vecinos puedan acceder a él.
El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado abril la ley de derecho de tanteo y retracto en desahucios, que permite a la Junta la compra preferente de viviendas afectadas por la dación en pago o por ejecuciones hipotecarias para facilitar el alquiler social.
Para su aplicación, el Ejecutivo andaluz dispuso de una partida de 4 millones para este ejercicio.
Facilita, mediante un alquiler social, la permanencia en sus hogares de las familias afectadas por desahucios.
El Tribunal Constitucional ha avalado este año que Andalucía pueda sancionar a los bancos y otras empresas que tengan en sus manos viviendas vacías.
Desde febrero de 2017, Extremadura cuenta con una ley de emergencia social de la vivienda, que recoge medidas para aliviar el endeudamiento derivado del impago del alquiler y un canon a las viviendas vacías.
El Gobierno de La Rioja, en colaboración con su Instituto de la Vivienda, intenta garantizar que todas las familias afectadas por un desahucio dispongan de un alojamiento digno y desde 2015 ha atendido más de 800 casos, todas alojadas en la actualidad.
El Ayuntamiento de Logroño cuenta con una partida presupuestaria de 110.000 euros para ayudas destinadas al alquiler y en 2017 se concedieron 310 ayudas de emergencia social destinadas a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias o desahucios por impago de alquiler.
Los Servicios Sociales del de Valencia prestan ayuda a personas en riesgo de desahucio en sus once centros de la ciudad.
Castilla-La Mancha tramita un anteproyecto de ley, que contempla dar respuesta a los desahucios. La normativa elevará a rango legal una práctica que el Ejecutivo lleva a cabo desde 2015: asistencia jurídica y de asistencia social a los afectados, acompañada de la intermediación con las entidades financieras.
En el País Vasco existe desde 2013 un protocolo firmado entre el Gobierno autonómico, la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y el CGPJ para actuar antes de que se produzca el lanzamiento de una vivienda y facilitar otra a los desahuciados que estén en situación de desamparo.
Según este protocolo, el juez que tramite un procedimiento de desahucio debe avisar a los servicios sociales de base antes de que se produzca el lanzamiento y, si es necesario, estos se ponen en contacto con el Ejecutivo Vasco para que ponga a disposición de estos afectados una vivienda.
